Peter Brown

La asignación de $12,804 millones en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que irán dirigidos a restablecer el sistema eléctrico de la Isla y mejorar cientos de planteles escolares ha sido bien recibida, pero provoca dudas entre líderes sindicales y portavoces de los consumidores.

En tanto, la congresista demócrata de origen puertorriqueño Nydia Velázquez criticó el retraso en la asignación de fondos federales por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y atribuyó el desembolso a las elecciones que se avecinan y el deseo del mandatario republicano de conseguir votos entre la comunidad hispana.

“La administración Trump arrastró los pies y se resistió a asignar estos fondos que tanta falta hacen. Ahora, 46 días antes de las elecciones, la administración finalmente decide liberar estos fondos”, dijo Velázquez en declaraciones escritas. “Mientras espero que este dinero sea usado para bien, y que ayude a que el sistema eléctrico sea más confiable, estos retrasos son inaceptables y es insultante para los puertorriqueños en todas partes que la administración esté abiertamente jugando a la política con esto”, añadió.

Por su parte Tatiana Matta, asesora sobre asuntos latinos de la campaña del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, señaló en declaraciones escritas que “ninguna cantidad de dinero puede ocultar el desprecio y el maltrato de Donald Trump hacia Puerto Rico después del huracán María”.

Matta agregó que “la mera noción de que el presidente piense que cualquier cantidad de dinero puede cubrir su trato repugnante a los puertorriqueños es completamente irrespetuoso y ofensivo. La respuesta tardía es imperdonable y no se puede deshacer”.

El contralmirante Peter J. Brown, representante especial de la Casa Blanca en Puerto Rico, dijo por su parte que la administración ya ha liberado $50,000 millones en fondos para la recuperación.

“El anuncio de hoy (ayer) son $13,000 millones adicionales a los $50,000 millones que ya fueron anunciados y $25,000 millones que fueron asignados al gobierno de Puerto Rico. Esto es una asignación histórica para mejorar el sistema educativo y de energía y llevarlo al siglo XXI”, puntualizó Brown. “Esto es una continuación del compromiso de la administración Trump con Puerto Rico, un compromiso que comenzó después del huracán María”, añadió.

Exigen ente fiscalizador

Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), declaró que la asignación anunciada ayer se estaba cocinando hace tiempo.

“Son proyectos necesarios. Pero sí me preocupa la forma y manera que se vayan a trabajar estos fondos. Si la política pública va a ser poner estos contratos en manos privadas, el dinero no va a dar para mucho”, manifestó.

Sugirió que se cree un ente fiscalizador que vele por la asignación y uso de este dinero, sobre todo ahora que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está en proceso de pasar su red de transmisión y distribución a manos de la empresa privada LUMA Energy.

“Lo que estamos proponiendo es que haya un funcionario que tenga la obligación y tenga las garras legales para cumplir con los procesos de subasta para garantizar que los proyectos sean costoefectivos”, indicó Figueroa Jaramillo. “Sí me llamó la atención que FEMA fue categórico en que el acuerdo es con la AEE y no con LUMA”, acotó.

FEMA, junto a la gobernadora Wanda Vázquez y la comisionada residente Jenniffer González, anunció el desembolso de $12,804 millones en fondos de esa agencia federal. De este dinero, $10,510 millones irán a mejorar la red eléctrica y $2,294 millones serán para reparar escuelas. Esto responde a los daños ocasionados por el huracán María que pasó por la Isla hace ya tres años.

Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, indicó que este dinero no alcanza para reparar toda la red de la AEE. Expresó que el plan integrado de recursos estima en $14,700 millones cumplir con este y en $20,300 millones la modernización de la red eléctrica.

“Mantener el acuerdo con los bonistas mantiene a la autoridad insolvente. Por lo tanto, se requiere que con ese dinero haya un plan de reestructuración de deuda que atienda todas las obligaciones de la AEE y devuelva su solvencia porque —aun con esos $10,000 millones y el acuerdo existente— la autoridad sigue insolvente”, expresó.

No confían en Educación

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, le dio la bienvenida a los fondos para reparar las escuelas, pero destacó que ahora está en manos del Departamento de Educación apresurarse a tramitar el uso de los fondos. Recordó que se han asignado otros recursos que no han sido utilizados.

“Nos parece bien cualquier dinero que se entregue al Departamento de Educación para reparar las estructuras. Nos preocupa cómo se van a administrar los fondos porque estamos hablando de la misma administración que en 2017 recibió $500 millones en fondos federales y tres años después no han reparado nada”, sentenció la líder magisterial.