Josian Santiago

“Somos los municipios los que estamos en esa primera línea de respuesta ante la inefectividad del gobierno”, sostuvo Santiago.

El nuevo año fiscal de los 10 municipios incluidos en el plan piloto de la Junta de Control Fiscal comenzó con un balde de agua fría, luego de que el ente regulador impusiera cambios en sus presupuestos que —según sus alcaldes— amenazan con dejarlos inoperantes.

En conferencia de prensa en Villalba, parte de los alcaldes incluidos en el proyecto del organismo fiscal —que fue anunciado en mayo del año pasado— plantearon que los presupuestos certificados el 30 de junio trastocan las operaciones municipales, al punto de poner en la cuerda floja los servicios esenciales que prestan a sus constituyentes.

“Hemos tenido hoy (ayer) un diálogo que confirma que la participación de la junta durante el desarrollo de este plan piloto ha sido bien ambivalente. Ha demostrado total desconocimiento de cómo se manejan las finanzas municipales, no ha traído un solo proyecto de desarrollo económico y nosotros entendemos que ha sido un proceso totalmente atropellado”, sostuvo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

Acompañado por un puñado de los ejecutivos municipales que forman parte del plan piloto, Hernández mostró preocupación ante la posibilidad de que las acciones de la junta se repitan en los 78 municipios de la Isla, en momentos en que estos luchan por subsistir entre recortes millonarios, terremotos, huracanes y la pandemia de Covid-19.

El proyecto piloto para Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Comerío, Isabela, Orocovis, San Sebastián, Villalba y Quebradillas busca que estos presenten sus propios presupuestos y planes fiscales al organismo como entidades bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Aunque los alcaldes presentes en la conferencia aseguraron estar dispuestos a colaborar con la junta fiscal en el proceso, hicieron hincapié en que no permitirán que se afecten los servicios que ofrecen a sus ciudadanos, razón por la cual solicitaron una reunión urgente con el ente regulador.

Se debilitan los ayuntamientos

El alcalde de Comerío, Josian Santiago, explicó a EL VOCERO que su presupuesto —de $9.8 millones en el año fiscal 2019-2020— sufrió una reducción de sobre $1.7 millones. Según el documento aprobado por la junta, Comerío tendrá $8.4 millones para el año fiscal en curso que cierra el 30 de junio de 2021.

“Ellos establecen un tope para lo que es la nómina, establecen un tope para todas las demás áreas de servicio e impiden que podamos hacer movimientos internos en el presupuesto. Al final del día, me deja prácticamente sin recursos para cubrir los servicios esenciales que prestamos”, reclamó.

“No hay forma de que podamos cumplir con nuestras responsabilidades en términos de prestación de servicios si recibimos un golpe que, a todas luces, está hecho sin un análisis de las consecuencias”, agregó Santiago.

El presupuesto certificado para Comerío dispone $4.7 millones para el pago de nómina, lo que plantea una reducción de sobre $400,000, según detalló el alcalde a este rotativo. Sin embargo, fue enfático en que hará lo necesario para no despedir a ninguno de los cerca de 260 empleados municipales.

“Después del huracán (María), los terremotos y en medio de esta pandemia, somos los municipios los que estamos en esa primera línea de respuesta ante la inefectividad del gobierno. Así que no entiendo cómo la junta pretende debilitarnos, cuando podemos ser parte de la solución”, abundó el alcalde comerieño.

Sin propuestas de desarrollo económico

Con el anuncio del plan piloto en 2019, el saliente presidente de la junta fiscal, José Carrión, sostuvo que la selección de estos 10 municipios —con alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP)— se basó en factores relacionados a la proximidad geográfica entre ellos, su historial de trabajo colaborativo y cuánto de su presupuesto depende del Fondo General.

“No es tomar el control de los municipios, es una colaboración. El programa piloto es para asistir a esos municipios en el camino. No vemos esto como una acción que deba ser tomada de forma negativa”, afirmó Carrión en ese momento.

Sin embargo, a poco más de un año de la implementación del proyecto, los alcaldes y economistas consultados por ellos opinaron que los números incluidos en los presupuestos son inconsistentes con las operaciones municipales.

En esa línea el alcalde de Barranquitas, Elliott Colón Blanco, subrayó que la junta también tiene como responsabilidad asistir en el desarrollo económico de los municipios, tema que no se tocó en los presupuestos que entraron en vigor el 1ro de julio.

“Mi pregunta es, ¿dónde está el desarrollo económico que no nos han presentado, para poder seguir desarrollando la economía de nuestros residentes? Además de eso, queremos que todos los pueblos de Puerto Rico tengan los servicios esenciales y para eso necesitamos la colaboración de ellos”, puntualizó.

El plan piloto se extenderá por cinco años, iniciando con el año fiscal actual. Cada año los 10 municipios que integran el proyecto deben presentar ante el organismo regulador un presupuesto y un plan fiscal ajustado a los topes establecidos de antemano.

Sobre el particular, el alcalde de Comerío explicó que al final del plan piloto —en cinco años— el organismo fiscal espera que su municipio reduzca su presupuesto en un 60%, lo cual describió como imposible en un pueblo donde precisamente cerca del 60% de sus residentes vive bajo el nivel de pobreza.

La junta fiscal aprobó $8,216,035 para Aibonito; $8,161,358 para Barranquitas; $10,892,473 para Camuy; $13,060,879 para Cidra; $8,407,868 para Comerío; $10,863,760 para Isabela; $7,569,005 para Orocovis; $10,995,409 para San Sebastián; $10,881,693 para Villalba y $7,494,081 para Quebradillas.

Entre las medidas incluidas en los planes fiscales de los ayuntamientos, el ente regulador resaltó que estos deberán consolidar o compartir servicios con municipios limítrofes en áreas como el manejo de desperdicios sólidos, educación y vivienda; atraer inversionistas del sector privado y buscar nuevas fuentes de ingresos.

Los alcaldes esperan reunirse con la junta fiscal el próximo martes.

Mientras, la junta indicó ayer que “la mayoría de los municipios no sometieron la información que se les solicitó previo a la certificación, pero la JSF siempre ha estado y está en la mejor disposición para reunirse y escuchar a los alcaldes en beneficio de sus constituyentes”.