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Valdés dijo que de acuerdo con la Ley de Administración de Documentos Públicos, el contenido del chat es un documento público. >Archivo/EL VOCERO

La destrucción de las conversaciones que sostuvo el gobernador Ricardo Rosselló con funcionarios, cabilderos y asesores de comunicaciones a través de la aplicación Telegram constituiría un delito grave que puede afectar cualquier proceso de investigación, según el abogado y aspirante a la candidatura para la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Armando Valdés Prieto.

Indicó que de acuerdo con la Ley de Administración de Documentos Públicos, el contenido del chat es un documento público. Esta ley obliga a los oficiales del gobierno a conservar todo documento que se origine “de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de asuntos públicos que se hayan creado y que de conformidad con los dispuesto en el Artículo 4 de esta ley... se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor”.

Según Valdés, la aplicación Telegram provee herramientas para que las conversaciones se destruyan. “No sé si hemos entendido que el gobernador, específicamente, estaba tratando de esconder sus comunicaciones de chat”, dijo el precandidato.

Reconoció que la destrucción del chat o la desaparición de las conversaciones puede afectar el proceso de investigación que puedan hacer el Departamento de Justicia o la Oficina de Ética Gubernamental. “Su destrucción puede dañar o destruir evidencia constitutiva de delito. Aquí en este chat —que hemos estado discutiendo en estos días— para mí hay evidencia de delitos muy similares a los que están siendo alegados en el caso (federal) de Julia Keleher (exsecretaria de Educación) y de Ángela Ávila (exdirectora de la Administración de Seguros de Salud)” , expresó el licenciado.

El Código Penal define la alteración o mutilación de propiedad como un delito grave. “Todo funcionario o empleado público que esté encargado o que tenga control de cualquier propiedad, archivo, expediente, documento, registro computarizado o de otra naturaleza o banco de información, en soporte papel o electrónico que lo altere, destruya, mutile, remueva u oculte en todo o en parte, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres años”, lee el estatuto.

“Varias de las alegaciones contra Ávila y Keleher tienen que ver con que compartían información confidencial previo a las licitaciones iniciales con funcionarios que no eran de gobierno. Aquí tenemos a Elías Sánchez y a varios contratistas del gobierno en ese mismo chat”, comentó Valdés.

“La destrucción de esas comunicaciones va a atrasar el proceso investigativo y puede haber un caso también de obstrucción a la justicia no solamente de los que hayan borrado a propósito, sino por parte de quienes hayan comenzado a emplear esta tecnología y aplicación pensando que las comunicaciones se iban a borrar automáticamente”, abundó.

Llamado a denunciar

Valdés sostuvo que como abogado está obligado a denunciar las implicaciones legales del chat, aunque las agencias llamadas a fiscalizar se resistan a cursar una investigación sobre este tema.

“Soy abogado y tengo la obligación de procurar hacer la justicia y cuando vemos un delito también estamos obligados a denunciarlo. Estoy desempeñando una función como funcionario de tribunal y como abogado. En ese sentido, me preocupa que todas las instituciones en Puerto Rico están impugnadas en este momento por la anuencia que ha habido, la desidia y la impunidad que eso persigue”, dijo.

Agregó que hizo referidos a la Oficina del Contralor y al Departamento de Justicia para que investigue a todos los participantes del referido chat de Telegram.

(1) Comentarios

Ricky Spanish

[lol][lol]....JIJIJIJI...Estan los "Populares" como un perro con 2 rabos!!!....jijiji...tan SUCIOS son en el PPD como en el PNP....y el PIP tiene sus SUCIEDADES tambien....[pirate]

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