Rafael "Tatito" Hernández

Rafael “Tatito” Hernández, portavoz de la minoría popular en la Cámara.

El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, planteó ayer varios supuestos conflictos de intereses de parte de actuales miembros de la Junta Federal de Control Fiscal que fueron partícipes de emisiones de bonos del gobierno en pasadas administraciones populares y novoprogresistas.

Hernández se refirió particularmente a Carlos García, quien presidió el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de 2009 al 2011 bajo la administración de Luis Fortuño y fue un alto ejecutivo de Santander Securities. La misma combinación la tiene José Ramón González, quien también fue presidente del BGF bajo una administración popular y ejecutivo del Banco Santander.

Sin embargo, no fue hasta que la prensa preguntó si las irregularidades y los presuntos conflictos de interés le aplicaban también a González que el representante popular lo mencionó en la conferencia de prensa.

“Desde el primer día hemos sido consistentes y denunciamos los conflictos de interés de García como exasesor y funcionario del gobierno, y ahora como miembro de la junta. A solo días de que el Senado (federal) haya reanudado sus labores y tras la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston de extender el proceso de evaluación (de los nombramientos de los miembros de la junta) queremos que la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, Lisa Murkowski, el senador Joe Machin y la congresista Nydia Velázquez tengan conocimiento sobre los hallazgos de nuestra investigación”, expresó.

Hernández cursó una carta a dichos congresistas en la que habla sobre supuestos conflictos éticos de García. Detalló, además, que existe la posibilidad de que los nominados a la junta fiscal sean evaluados como funcionarios federales “a los que les aplica la sección 109 del Código de Ética federal, específicamente la sección 102 acerca de la divulgación de finanzas”.

Clave el Supremo federal

No obstante, indicó que la posible evaluación de los miembros de la junta como funcionarios federales depende de la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo estadounidense con relación a la decisión de la corte apelativa de Boston sobre la inconstitucionalidad del proceso de nombramientos de los integrantes de la junta por no haber pasado por el cedazo del Senado federal.

La vista sobre este caso en el Supremo federal será en octubre.

Por su parte, el representante novoprogresista José “Quiquito” Meléndez sostuvo que la determinación de declarar a los miembros de la junta como “funcionarios federales” no es final y firme y coincidió con el planteamiento de Hernández de que existe un “conflicto moral” de parte de García y González.

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