David Skeel

El presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skeel. >Archivo/EL VOCERO

Tras enumerar las consecuencias que tendría no aprobar el Proyecto 1003, la Junta de Control Fiscal (JCF) pidió al Senado que actúe sobre la medida que establece el marco legal para la emisión de los nuevos bonos de obligación general que forman parte del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

“Lo que está en juego para Puerto Rico es increíblemente alto. Si no se aprueba esta legislación, Puerto Rico sigue sumido en una nube de bancarrota, lo que ahoga su capacidad para crecer y atraer la inversión necesaria”, dijo la JCF en declaraciones escritas esta tarde al ponerle un limite a la discusión en la Legislatura que se ha venido postergando por días.

“Además, las pensiones no estarán protegidas, y el Plan no será enmendado para proporcionar apoyo adicional a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios”, advirtió.

Si el Proyecto 1003 de la Cámara de Representantes, que fue aprobado el 19 de octubre, no se convierte en ley antes de las 2:00 p.m. del viernes 22 de octubre de 2021, la Junta “se verá obligada a solicitar el aplazamiento de la audiencia de confirmación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico”. 

“Como resultado, Puerto Rico seguiría en bancarrota y la carga de la deuda insostenible seguirá sobre los hombros de todos los puertorriqueños, amenazando el progreso económico de la isla”, sostuvo la JCF.

La Junta enumeró en sus declaraciones las consecuencias que significaba que el proyecto se cuelgue en el Senado, donde se pelea voto a voto por aprobarlo. 

Aunque en la Cámara de Representantes aparecieron los votos para aprobar la medida que crea la ley habilitadora para el PAD, en el Senado la cuesta parece estar más empinada, pues el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago, reconoce que hay varios legisladores indecisos, incluso dentro de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD).

Dalmau reveló ayer que en la medida se está tratando de introducir lenguaje sobre otros asuntos, más allá de cero recortes a las pensiones. Y afirmó que, incluso, hay senadores que han dicho que estaban esperando la pieza legislativa para votarle en contra sin tan siquiera haberla leído. 

“Los acreedores pueden pedir que se levante la moratoria del pago de la deuda vigente en este momento, lo que llevaría a una demanda de pago caótica basada en el efectivo disponible y socavaría la la capacidad de funcionamiento del gobierno”, señaló la Junta que dijo que “los litigios continuarían y aumentarían masivamente los costos y el tiempo de salida de la quiebra”.

Otra de las consecuencias para la Junta sería que “los acreedores tendrían derecho a recibir 100 millones de dólares en concepto de indemnización si ejercen su derecho a rescindir su acuerdo de apoyo al Plan”.

También, podrían hacer nuevas y mayores demandas de reembolso, basadas en las declaraciones públicas declaraciones públicas sobre los fondos incrementales potencialmente disponibles.

Para la Junta, por otro lado, los beneficios del Plan archivado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. podrían perderse para todas las partes involucradas.

Los maestros y los jueces también se verían perjudicados, dijo la Junta al no tener “derecho a las prestaciones de la Seguridad Social del gobierno de EE.UU. y seguirían dependiendo de los pagos del presupuesto de un gobierno que llevó su plan de pensiones a la quiebra”.

La duración del mandato de la Junta se prolongaría por el tiempo de este proceso, dijo la JCF.

El ente fiscal recordó que “sindicatos, jubilados, tenedores de bonos y otros acreedores, y aseguradores de bonos acordaron un Plan que es el mejor resultado posible dadas las difíciles circunstancias que Puerto Rico ha tenido que gestionar durante los últimos años” y que por eso urge que se lo apruebe como hizo la Cámara de Representantes a comienzo de semana.

“La Junta de Supervisión continuará su trabajo para encontrar un camino para salir de la bancarrota - el pueblo de Puerto Rico no merece menos”, prometió la JCF. 

“Pero, sin el actual Plan de Ajuste, el camino será más largo, más engorroso y más caro”, destacó. 

La JCF hizo también un repaso de las mejoras que a su juicio ha logrado con el PAD, como por ejemplo una reducción de la deuda en un 80% “de 33,000 millones de dólares a 7.000 millones”.

“El Plan garantiza que el gobierno no pagará más de 1,150 millones de dólares al año para pagar una deuda significativamente reducida, incluidos los pagos de la deuda de COFINA, en lugar de los 3,900 millones de dólares de pagos contractuales de la deuda sin el plan”, dijo la Junta y sostuvo que se ahorran casi $50,000 millones “en el servicio de la deuda que, de otro modo, se tendría que pagar”.

También dijo que el PAD permite al gobierno pagar poco más de 7 centavos por cada dólar en impuestos para el servicio de la deuda, en comparación con los 25 céntimos que se pagaban antes de la reestructuración de la misma.

“Puerto Rico corre el riesgo de perder una oportunidad histórica de recuperarse de forma sostenible de años de declive económico, fracasos de gobierno y imprudencia fiscal”, concluyó la entidad.

La misiva de la Junta se dio a conocer mientras se realizan manifestaciones en las afueras del Capitolio en contra de la medida.