Justicia

Cinco años después de haber sido acusado por un gran jurado de participar en un esquema de soborno junto al convicto exalcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, y a un contratista del ayuntamiento, el abogado Alejandro Carrasco enfrentará el juicio en su contra el 16 de julio.

Rivera Correa, quien se declaró culpable por solicitar y recibir cerca de $39,000 en sobornos de un contratista, extinguió los cinco años de prisión que le impuso la jueza federal Carmen Consuelo Cerezo y quedó en libertad el 27 de abril de 2018.

De acuerdo con una minuta contenida en el expediente de Carrasco, los fiscales a cargo del caso —James Pearce y Amanda Rose Vaughn, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington— anticipan que la presentación de evidencia les tomará cuatro días.

La abogada de defensa, Lydia Lizarríbar, presentaría su prueba durante unos tres días.

Entre la evidencia a ser presentada por el ministerio público figura un resumen de los contratos de Carrasco con los municipios de Río Grande, Barceloneta y Juncos. De igual forma, el gobierno se dispone a presentar los contratos de Juan Carlos Mercado —acusado junto al convicto exalcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes— con los mismos ayuntamientos.

Mercado se declaró culpable por soborno en relación al Municipio de Barceloneta y posteriormente se le desestimó la acusación a petición de la Fiscalía. Mientras, Carrasco enfrenta cuatro cargos por soborno.

Detalles de la acusación

Según la acusación, entre febrero de 2010 a febrero de 2012 Rivera Correa recibió aproximadamente $39,000 en pagos en efectivo de una persona conocida como Contratista A. Los pagos que hacía el Contratista A al exalcalde eran con la intención de influenciar los negocios que hacía con el municipio. Uno de los contratos por inspección de trabajos de construcción fue por $98,000 y otro por $171,000 y renovaciones futuras.

El exalcalde intentó extorsionar al Contratista A. Rivera Correa le exigió $4,000 en efectivo a ese contratista para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con el Municipio de Río Grande.

Los cargos siete y ocho explican cómo en dos ocasiones diferentes Rivera Correa obstruye la justicia mediante amenaza al Contratista A durante conversaciones que fueron grabadas. El entonces alcalde trató de impedir que el Contratista A cooperara con las autoridades y que compareciera ante el gran jurado.

Asimismo, la acusación detalla cómo Carrasco solicitó pagos al Contratista A en varias ocasiones, disimulados como honorarios legales, para influenciar los negocios que el empresario hacía con varios municipios.

Específicamente, en 2009 el Contratista A pagó $24,000 a Carrasco por obtener un contrato de $120,000 en el Municipio de Barceloneta para servicios de construcción.