Nazario
 
 

El exalcalde de Yauco Abel Nazario, convicto por ofrecer declaraciones falsas sobre el uso de fondos federales del Departamento del Trabajo, tendrá que restituir en cerca de $19,774.50 a 18 empleados del ayuntamiento.

Así lo determinó el juez federal Joseph Laplante, tras escuchar los argumentos de los abogados de Nazario, María Domínguez, Javier Micheo y Carlos Andreu y del fiscal Scott Anderson durante una vista de restitución.

La defensa alegaba que su representado tenía que restituir $10 mil. Mientras que Anderson afirmaba que unos $26 mil.

El pasado 19 de marzo, Nazario fue sentenciado por el juez federal Joseph Laplante a un año y seis meses de prisión y a tres años de libertad supervisada, una vez extinga la pena de cárcel.

Los $19,774.50 serán pagados una vez el otrora senador extinga su sentencia en prisión. 

Laplante dijo que no iba a tomar en cuenta el pago a los empleados por los cuales el jurado encontró a Nazario no culpable.

“El propósito de la restitución es el recobro, no darle doble compensación al empleado”, argumentó Domínguez con relación a uno de los empleados.

Domínguez afirmó que en realidad la deuda es del Municipio y no de Nazario. Por lo que estos empleados pudieran reclamarle al ayuntamiento, si no quieren esperar a que su cliente extinga la sentencia.

“Abel nunca se embolsilló ese dinero”, dijo Domínguez a EL VOCERO.

Nazario debe entregarse a las autoridades el 19 de mayo.

El expolítico tiene pendiente un segundo juicio ante el juez federal Francisco Besosa.

Según la acusación, varios empleados pagados por el ayuntamiento de Yauco no se presentaron a trabajar o acudieron esporádicamente. El grupo enfrenta un solo cargo: conspiración para robar o cometer soborno en relación con un programa que recibe fondos federales.

 

Los coacusados son Edwin Torres Gutiérrez, Claribel Rodríguez Canchani, Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vergara, Ramón Martes Negrón —quien aspiraba a la alcaldía de Ciales en las próximas elecciones—, Juan Rosario Núñez y Eric Rondón Rodríguez. 

El esquema fue descubierto en agosto de 2016 durante una auditoría de rutina de la Oficina del Contralor de Puerto Rico en los registros del ayuntamiento yaucano.