Un empleado del Servicio Postal que se hizo pasar por un barbero desempleado fue uno de los 12 acusados por un gran jurado federal por su presunta participación en un esquema para la obtención de beneficios del programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés), el cual ocasionó pérdidas de $419,580.

Esta es la primera acusación federal en la jurisdicción de Puerto Rico por fraude al PUA, indicó el jefe de la Fiscalía, Stephen Muldrow, durante una rueda de prensa.

La información falsa presentada incluía números de Seguro Social falsos e información laboral falsa.

“Los acusados participaron en una conducta engañosa diseñada para obtener de manera fraudulenta varios cheques de desempleo del Departamento del Trabajo (local), mediante el uso de números de Seguro Social falsos”, explicó Muldrow.

Diez acusaciones imputan a nueve personas el robo de dinero del gobierno federal y fraude postal.

Muldrow
Muldrow ofreció detalles de los pliegos acusatorios emitidos por un gran jurado federal. >Brandon Cruz González / EL VOCERO

Los imputados recibieron los beneficios de desempleo por correo, mediante cheques, a sabiendas de que no estaban autorizados a recibirlos.

En un pliego, los imputados José Daniel Le Hardy Figueroa, quien es empleado del Servicio Postal, y Christoffer Pérez Vélez enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude postal, fraude postal y robar $11,388 en fondos federales.

“Los acusados se pusieron de acuerdo para fraudulentamente solicitar beneficio por desempleo al Departamento del Trabajo diciendo que Le Hardy Figueroa era un barbero desempleado, cuando en realidad es un cartero empleado por el Servicio Postal de Estados Unidos y estaba trabajando”, destacó el jefe de la Fiscalía federal.

Por su parte, Millisen Martínez Medina recibió $54,870. Esta enfrenta ocho denuncias junto a otros ocho coacusados. En total, Martínez fue acusada por 33 cargos por fraude postal, nueve por robo de dinero federal, nueve por mal uso del Seguro Social y dos cargos por robo de identidad agravada.

Mientras, Luis A. Flores Díaz, compañero consensual de Martínez Medina, recibió $20,910 del PUA. Enfrenta tres cargos por fraude postal y un cargo por robo de dinero.

Muldrow comentó que estas investigaciones comenzaron en su oficina luego de recibir información de la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera. “Gracias a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y su personal hoy (ayer) estamos informando el primer grupo de casos a nivel federal de fraude al PUA”, acotó.

Advertencia del fiscal

“Quiero enviar un mensaje para aquellas personas que sepan de otros que han incurrido en este tipo de esquemas y todavía no los hemos acusado: llamen a las autoridades y hagan la denuncia… Como les he recomendado en ocasiones anteriores, comuníquense con las agencias de ley y orden y provean voluntariamente su información. Mientras más pronto hablen, menores serán las consecuencias que usted y su familia puedan sufrir”, advirtió el fiscal federal.

Los acusados enfrentan un cargo por confiscación del dinero que recibieron, por lo que tienen que devolverlo. De ser hallados culpables, podrían ser sentenciados a 20 años de cárcel por fraude postal y conspiración para cometer fraude postal; 10 años de prisión por robo de dinero; cinco años de cárcel por uso indebido del número del Seguro Social; multas de hasta $250,000 y tres años de libertad supervisada.

Martínez Medina enfrenta una condena en prisión obligatoria de dos años por el robo de identidad agravado.

Por otro lado, el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, dijo que ciudadanos han devuelto $700 millones de fondos del PUA que recibieron sin tener derecho al beneficio.

Para reportar estos esquemas de fraude, las autoridades piden llamar al 1-866-720-5721 o acceder a https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.