Muldrow
Muldrow ofreció detalles de los pliegos acusatorios emitidos por un gran jurado federal. >Brandon Cruz González / EL VOCERO

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, acusó a Tonatiuh Antonio Leal-Matos de dos cargos de violación de la Ley de Producción de Defensa en relación con el precio de los equipos de protección personal ("PPE"), mascarillas faciales y toallitas desinfectantes, durante la emergencia de salud pública covid -19, informó el fiscal Stephen Muldrow.

Según las alegaciones, desde aproximadamente abril a julio de 2020, Tonatiuh Antonio Leal-Matos vendió mascarillas faciales PPE y toallitas desinfectantes con un margen de beneficio sustancial y a precios superiores al precio de mercado vigente.

Leal-Matos operaba los perfiles en línea de Facebook "Pide Que Hay", "COVID Plaza", "Miami Collection PR" y "Club Gafas" que se utilizaban para anunciar y vender EPP.

Asimismo, el acusado acumuló más de 5,000 mascarillas que cubrían la nariz y la boca del usuario. Algunas de las mascarillas que el acusado acumuló ofrecían protección contra las partículas con un nivel de eficacia de filtración N95, mientras que otras no.

El hombre vendía las mascarillas que adquiría a un precio que oscilaba entre los 10 y los 35 dólares por mascarilla; estos precios de venta eran al menos el doble de su coste de adquisición.

Tonatiuh Antonio Leal-Matos también vendió la mayoría de las toallitas desinfectantes de grado clínico que acumuló en varias transacciones. El acusado compró contenedores de toallitas desinfectantes de grado clínico por 6-95 dólares por contenedor y posteriormente vendió esas toallitas desinfectantes por aproximadamente 39 dólares por contenedor, con un margen de beneficio de aproximadamente el 461%.

El precio del fabricante por cada envase era de aproximadamente 6.75 a 8.45 dólares.

"El acusado sabía que el precio que cobraba por las mascarillas y las toallitas desinfectantes superaba los precios vigentes en el mercado. Vio en la devastadora pandemia de covid-19 una oportunidad para obtener beneficios ilegales en EPIs necesarios", dijo el fiscal Muldrow. "Las autoridades policiales federales y estatales seguirán interviniendo siempre que los especuladores y estafadores infrinjan la ley aprovechando el miedo del público para enriquecerse".

La Oficina Federal de Investigación está a cargo de la investigación y el acusado se enfrenta a hasta dos años de prisión y a una multa de hasta 20,000 dólares.