Gustavo Gelpí

El juez federal Gustavo Gelpí.

El juez federal Gustavo Gelpí ordenó al gobierno de Puerto Rico a presentar no más tarde del 18 de octubre su respuesta a la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el mal uso de cerca de $20 millones en fondos asignados al Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (Pspdi) durante los pasados cuatro años y advirtió que tomará acciones en este caso.

Asimismo, Gelpí anticipó que celebrará una vista a la que tienen que comparecer los funcionarios del Estado Libre Asociado (ELA), responsables del mal uso de los fondos, para que respondan a la corte.

Advirtió que este asunto puede acarrear sanciones civiles y penales. “Las partes también abordarán las consecuencias totalmente graves de las reiteradas violaciones por parte del ELA del acuerdo y de innumerables órdenes judiciales federales durante una audiencia que se establecerá de inmediato. Más aun, el ELA y todos los funcionarios responsables en su capacidad personal también deben estar preparados para responder. Este es un asunto muy grave que puede acarrear sanciones civiles y penales”, reza la orden.

“El tribunal, después de escuchar a las partes, considerará todos los remedios posibles”, agrega el documento en el que se hace referencia a una orden anterior en la que advierte la posible designación de un síndico.

Adelantó que tiene la intención de designar un auditor independiente —a ser sufragado por el Departamento de Salud— para determinar por qué y cómo el presupuesto Pspdi durante este periodo de cuatro años, no fue utilizado para los propósitos requeridos y en contravención de las órdenes del acuerdo y de la corte.

Pautan reunión

De igual forma, el juez ordenó a las partes reunirse la próxima semana con el monitor del caso, Alfredo Castellanos, para discutir las medidas necesarias que se tomarán de manera prospectiva, incluidas las recomendadas por el Departamento de Justicia federal.

Ayer el Departamento de Justicia federal denunció el mal uso de cerca de $20 millones en fondos asignados en los pasados cuatro años al Pspdi, adscrito al Departamento de Salud.

En una vista celebrada el pasado 9 de agosto pasado Gelpí advirtió que designaría un síndico en este caso para garantizar que en un futuro los fondos se utilicen en su totalidad. Su advertencia surgió luego de registrarse un patrón en la reducción del presupuesto para la prestación de servicios, en contravención de sus órdenes judiciales.

Gelpí ha insistido en que el presupuesto del programa no puede reducirse y no puede restringirse de ninguna manera que pueda causar la interrupción de los servicios críticos porque pudiera poner en peligro la salud, seguridad y el bienestar de la población más vulnerable en este caso.

El 21 de abril de 1999, el Departamento de Justicia federal demandó al ELA para vindicar los derechos constitucionales de los pacientes con discapacidad intelectual.

El 19 de octubre de 2011 las partes llegaron a un acuerdo en el que el gobierno estatal asigna un presupuesto de entre $35 a $40 millones anuales para la prestación de servicios para esta población.