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El alcalde no ha respondido a llamadas de este medio para reaccionar sobre el caso. > Archivo/EL VOCERO

 

 
 

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, habría actuado en contra de la ley al utilizar sobre $8 millones de fondos públicos —que fueron asignados por la Asamblea Legislativa para el Centro de Trauma del Centro Médico en esa ciudad— para efectuar inversiones riesgosas, coincidieron el profesor de derecho y analista Carlos Díaz Olivo y el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía.

El martes las autoridades federales arrestaron al exasesor y exjuez Arnaldo Irizarry Irizarry junto a otras seis personas, tras ser acusadas por un gran jurado federal por defraudar al ayuntamiento y al Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI). Los ahora acusados entregaron $9 millones a las firmas de asesoría municipal sobre capital de inversiones y asuntos financieros —Eugenio García Jr. & Associates LLC y a Premier Financial and Investment Group— para obtener un rendimiento de entre 8% a 10% de interés.

De acuerdo al pliego acusatorio, entre agosto de 2014 a enero de 2016, el ayuntamiento recibió $8,761,839 de resoluciones legislativas, para que se efectuaran renovaciones en el centro de salud.

Según expresó Díaz Olivo a EL VOCERO, cuando “la Asamblea Legislativa aprueba el dinero, eso opera bajo un sistema de fondos, crea un fondo para tal propósito. Y eso queda en la ley de presupuesto. Eso fue una ley y tiene que usarse para lo que se creó. Si el dinero no se utiliza para eso, se está yendo contra la ley. En la medida en que eso no ocurre va contra todo el sistema jurídico contable y financiero”.

Expuso que hubo un problema administrativo, por lo que el alcalde tiene que responder, ya que no hubo control del dinero.

“Cuando un empleado de un restaurante tiene un descuadre en caja, el propio empleado lo tiene que pagar, porque es el responsable. Entonces el pueblo le da el dinero al municipio y le dan un tumbe y nadie responde, ¿cómo es esto? Es una cosa insólita. No sé quién fue, pero alguien tiene que tener una responsabilidad por eso”, acotó el letrado.

Agregó que “cuando hay inversiones es peor. Hay una imprudencia con unos rendimientos que no reflejan la realidad, y que nadie cuestione ni haga nada me parece una barbaridad. Ese esquema solo no brega sin que haya alguien internamente que haya estado apoyándolo. El que lo hizo está sujeto a responder. ¿Cómo confías en un rendimiento que no refleja la realidad sin un seguimiento? Es una cosa bárbara”.

Cuestionó que el ayuntamiento haya esperado hasta el 22 de junio de 2019 para radicar el recurso legal contra las compañías de asesoría, en el que pide la devolución de los $9 millones.

“¿Quién supervisaba?”

Sagardía, por su parte afirmó que desde el punto de vista civil el alcalde tiene responsabilidad.

“¿Quién supervisaba eso? ¿Quién supervisaba? ¿Cómo es que el municipio no hizo un referido al Departamento de Justicia estatal? ¿Por qué esperó tanto tiempo para radicar la demanda? Algo se estaba manejando mal. Hay muchos cabos sueltos. Sin lugar a dudas, hay negligencia civil, negligencia criminal. Cuando se imputa negligencia criminal es porque hubo un daño económico al municipio y lo hubo”, apuntó Sagardía.

Afirmó que tenía que haber supervisión directa del dinero.

“Esas cosas en los municipios no se mueven sin el visto bueno del alcalde. Son alcaldes de muchos años en el poder y conocen, tienen control de su municipio. Lo menos que hay son actos de negligencia”, reafirmó.

Mantuvo que el hecho de que el municipio haya sido el perjudicado —como dijeron las autoridades federales— no exonera al alcalde.

“El municipio es la institución. Falta la mitad de la historia”, manifestó Sagardía.

A preguntas de la prensa ayer, al jefe de la Fiscalía federal, Stephen Muldrow, indicó: “Desde mi punto de vista, cualquier persona que está en esa posición de manejar fondos —sean federales, estatales, o locales— tiene una obligación de investigar qué se va a hacer con ese dinero. El asunto de seguir investigando o no, no voy a comentar sobre eso. Lo único que puedo decir es que nosotros hemos mirado lo que pasó con ese dinero en el sentido de cómo eso fue entregado a esas personas para invertir y que la promesa que hicieron a Mayagüez no fue lo que hicieron y por eso acusamos a las personas que recibieron el dinero”.

EL VOCERO ha intentado obtener una reacción del alcalde Rodríguez desde el pasado martes. Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.