Félix Verdejo

Félix Verdejo. >Frank Franklin II/AP

Los fiscales del Departamento de Justicia continúan recopilando información para los cargos locales que posteriormente presentarán contra el boxeador Félix Verdejo Sánchez, por la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz, mientras sigue su curso el proceso de la acusación a nivel federal.

Desde que el púgil se entregó a las autoridades federales el domingo, analistas y estudiosos del derecho han levantado cuestionamientos públicos sobre la jurisdicción de cargos federales. Hasta ahora Verdejo Sánchez no enfrenta cargos de asesinato.

Los exfiscales federales Jacabed Rodríguez, Ignacio Rivera y Osvaldo Carlo, coincidieron en que los cargos por secuestro que desembocó en muerte, “carjacking” que resultó en muerte y matar a un niño no nacido, que pesan contra Verdejo Sánchez, en efecto son de jurisdicción federal.

Ayer, la magistrada federal Camille Vélez Rivé, acogió la petición del fiscal federal Jonathan Gottfried, quien solicitó la detención del deportista, y determinó que permanecerá ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés) hasta la vista de fianza. El atleta compareció a la vista inicial, celebrada de forma virtual, luego que consintió que así fuera. 

En la jurisdicción local, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli se reuniría ayer con el jefe de Fiscalía federal en Puerto Rico Stephen Muldrow para discutir el caso, ya que más adelante se presentarán cargos locales contra el boxeador.

“Vamos a seguir analizando la prueba y los elementos y en su momento tomaremos la decisión. Pero vamos a mantenerlo en forma confidencial porque lo que estamos haciendo es producto de una investigación que está en proceso”, dijo Emanuelli. 

Analizan la jurisdicción de delitos

EL VOCERO conversó por separado con los exfiscales federales Rodríguez, Rivera y Carlo, para analizar el asunto de la jurisdicción de delitos en el sonado caso.

“El carjacking puede ser por la fuerza o por treta. Si usas un arma en la comisión de un delito violento hay jurisdicción. También hay jurisdicción porque ese arma no se hizo en Puerto Rico. Y el secuestro se forja una vez quieres irte y luego no te dejan aunque inicialmente hayas ido a un lugar de forma voluntaria. Como él (Vederjo) le metió un puño, posiblemente le rompió la quijada porque es fuerte. De ahí en adelante es secuestro”, apuntó Rivera.

Según la denuncia federal, Verdejo Sánchez citó a Keishla, una vez se encuentran ella sube al vehículo del boxeador, él la agrede con un puño en la cara, le inyecta una sustancia, y con la ayuda de otra persona la amarran, le colocan un bloque y la lanza a la laguna San José entre San Juan y Carolina. Luego le dispara. El vehículo de Keishla apareció en Canóvanas.

“Mira si es carjacking que después de muerta, el carro aparece en Canóvanas, así que alguien lo llevó allá. Eso es carjacking, tomar posesión de un automóvil que no es el tuyo. Así que hay jurisdicción clara de carjacking”, añadió Rivera.

Mientras, la exfiscal federal Rodríguez dijo que en el caso del carjacking “el tomar el vehículo tiene que ser el objetivo del crimen y yo entiendo aquí que la defensa probablemente va a argumentar que el objetivo era otro y no necesariamente tomar el vehículo. Si yo fuera el gobierno (federal) argumentaría que para poder matarla, tenía que llevarse el vehículo y así que él tenía ambos motivos”.

El secuestro

Al referirse al cargo de secuestro Rodríguez informó que el estatuto fue enmendado por el Congreso y le añadieron el uso de un instrumento del comercio interestatal.

“Me imagino que el gobierno alegará que se utilizó el teléfono para llevar a cabo el crimen de secuestro. Muchas personas tienden a confundir el hecho de que para llevar a cabo un secuestro  necesariamente el acusado necesita haber pedido algo de valor o algún tipo de recompensa y no es así porque el estatuto lee: ‘pedir rescate o alguna otra cosa’. Así que no necesariamente porque no hayan secuestrado a la persona y hayan pedido algo de valor falla el crimen de secuestro”, acotó Rodríguez, quien fue la fiscal que llevó el caso de pena de muerte contra Carlos Ayala López en el 2006.

Agregó que “si yo fuera el gobierno (federal) argumentaría que a pesar de que ella entra a la guagua voluntariamente, inmediatamente la agreden físicamente, la inyectan con una sustancia y eso es obviamente, en contra de su voluntad y entonces la amarran y no sabemos que nivel de inconsciencia puede haber tenido la víctima en este momento, si resistió la fuerza del acusado pero, lo que sí se sabe es que la amarró y al amarrarla, estaba restringiendo su libertad. Me imagino que el gobierno va a descansar sobre esa prueba para argumentar que fue secuestrada en contra de su voluntad, fue restringida y luego de eso fue transportada a otra localización que es donde se encuentra el cuerpo”.

El cargo por matar a niño no nacido

En cuanto al cargo de matar a un niño no nacido, ya que al información que ha trascendido es que Keishla tenía un mes de embarazo, Rodríguez explicó que tradicionalmente, bajo el estatuto federal 1111, el crimen de asesinato le aplica a una persona nacida y que en respuesta a casos como este, el Congreso adoptó el estatuto 1841 que provee protección a niños no nacidos.

“Y crea un crimen en contra de un niño que todavía se encuentra dentro de su madre y ese es el título1841, el cual la fiscalía federal cita en este caso”, apuntó.

No obstante, consideró que la defensa puede tener tela para cortar en cuanto al “carjacking”.

Por su parte, el exfiscal federal Osvaldo Carlo consideró que el cargo de matar a un niño no nacido tendrá un peso importante ante el Departamento de Justicia federal para la certificación de la pena capital.

“Ese estatuto tiene dos partes. Tiene la parte donde se mata a un bebe cuando se mata a la mama y la persona no sabía que estaba embarazada y está la otra parte que es cuando hay un conocimiento y es cuando la muerte va dirigida a acabar con eso porque tenía conocimiento de ese embarazo. Eso es un agravante dentro de ese delito y ese agravante lo tenemos aquí. Todo esto para argumentar la pena de muerte es importante”, apuntó Carlo.

Asimismo, consideró que un elemento importante a ser considerado es si la víctima fue torturada.

“Para mí hay un elemento bien importante para considerar el Departamento de Justicia, primero si la víctima fue torturada que eso lo va a decir la autopsia y en eso me refiero a que si la inyección que le pusieron con droga la mató o simplemente, la dejó en un estado de indefensión, eso lo determinará la autopsia por los químicos que estuvieron envueltos. Ella pudo haber estado consciente durante todo el proceso y eso pues, sería un agravante en la evaluación del caso si la mató la caída del puente, si fue el disparo, o se ahogó, todos esos factores se van a tomar en consideración”, afirmó.