Fantasmas

El pasado 30 de mayo Robles Báez, Sánchez y Figueroa Cruz (en la foto) fueron arrestados tras ser acusados por un gran jurado de 18 cargos.

Debido a la entrada de un nuevo integrante en la defensa del director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz —acusado junto a los esposos Chrystal Robles Báez e Isoel Sánchez en el denominado caso de empleados fantasmas en el Capitolio— el inicio del juicio fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Originalmente, el proceso judicial había sido señalado para comenzar el 7 de agosto.

El abogado Juan Ramón Acevedo se unió al abogado Edgar Sánchez en la representación de Figueroa Cruz. El anuncio fue hecho durante una vista de estatus del caso ante el juez federal Francisco Besosa. Acevedo necesita tiempo adicional para prepararse para el caso.

En la pasada vista de estatus Sánchez había indicado que existía la posibilidad de que otro letrado se uniera a la defensa.

Tal y como se anticipó en la pasada vista, el fiscal federal Timothy Henwood y el abogado de Sánchez, Jason González, reafirmaron al juez que continúan las negociaciones para que el matrimonio haga alegación de culpabilidad. “Ya casi estamos allí”, afirmó González.

Besosa les concedió a todos los acusados hasta el 5 de agosto para que se le notifique si enfrentarán o no el proceso judicial.

La prueba consiste de 30 testigos —entre ellos las víctimas de robo de identidad— y documentos del Senado. La prueba documental abarca 5,000 páginas.

El pasado 30 de mayo Robles Báez, Sánchez y Figueroa Cruz fueron arrestados tras ser acusados por un gran jurado de 18 cargos. Estos son conspiración para cometer fraude electrónico, 10 cargos sustantivos de fraude electrónico, un cargo por mal uso de fondos de una entidad que recibe fondos federales (Senado), robo de identidad agravado y lavado de dinero.

Se alega que desde 2016 a junio de 2018 los acusados llevaron a cabo su plan de defraudar facturando, aprobando y cobrando por trabajos que no se realizaron, en contravención a los términos explícitos de los contratos.

Los imputados trabajaron en campañas electorales para candidatos a cargos electivos durante las elecciones generales de 2016.

La investigación sobre este caso se inició en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, tras las denuncias que hizo el exasesor legislativo Luis Hiram Delgado Rivera en el programa Jay y sus Rayos X (Telemundo-canal 2).

El pasado 13 de febrero, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la Isla, Douglas Leff, confirmó que mantenía una pesquisa abierta sobre este caso. En esa ocasión dijo que la agencia hizo la excepción de confirmar la existencia de la investigación para solicitar que si alguna persona fue partícipe “de estos delitos o recibió dinero sin haber prestado servicios que venga y reporte la información al FBI. De no reportarlo vamos a entender que actuó con intención criminal y enfrentará cargos criminales”.

El representante novoprogresista Samuel Pagán renunció a su escaño el pasado 29 de mayo tras el escándalo por el otorgamiento de un contrato a International Legislative and Government Consulting Group, empresa propiedad de Sánchez.