FBI

El FBI ni confirma ni niega a este diario que investiga a Unidos por Puerto Rico.

Las autoridades federales le pusieron el ojo a las finanzas y las peticiones de donativos para Unidos por Puerto Rico, entidad sin fines de lucro concebida por la primera dama Beatriz Rosselló para asistir a los damnificados tras el azote del huracán María, informaron fuentes de EL VOCERO.

De acuerdo a las fuentes, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), han comenzado a realizar entrevistas sobre este asunto. Entre los entrevistados figuran varios empresarios, que tenían contratos con el gobierno y a quienes se les había solicitado que contribuyeran con la entidad.

Los agentes federales han indagado sobre los acercamientos a estos empresarios contratistas.

Unidos por Puerto Rico recaudó sobre $41.2 millones a través de donativos de individuos y entidades dentro y fuera de la Isla.

La organización ha afirmado que sus trabajos se realizaron por separado de las labores de recolección y distribución de artículos que se llevaron a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot y posteriormente en centros de acopio regionales.

Unidos por Puerto Rico ha rechazado su vínculo con el hallazgo de nueve vagones en cuyo interior habían artículos de primera necesidad y que, según ha trascendido, fueron abandonados en los predios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en agosto de 2018 y que ubican en una finca propiedad de la Autoridad de Carreteras en Toa Alta.

Vagones de controversia

Tras el despido del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, el hijo de este, del mismo nombre, alegó que estuvo presente en una reunión liderada por el gobernador Ricardo Rosselló, en la cual el primer ejecutivo presuntamente ordenó que se enmendara un informe de auditoría sobre los vagones porque afectaba a su esposa.

Recientemente, se publicó un informe de auditoría efectuado por la firma de asesoría financiera BDO en el que señala que la organización Unidos por Puerto Rico fue concebida en septiembre de 2017 por la primera dama Beatriz Rosselló.

El contratista de BDO Alberto Velázquez Piñol y el socio administrador de la referida firma, Fernando Scherrer Caillet, fueron acusados por un gran jurado por supuestamente participar en un esquema de fraude de $15.5 millones junto a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Avila, y otras dos personas.

Este caso no está relacionado a Unidos por Puerto Rico.

Ni confirma ni niega

El FBI, a través de uno de los subdirectores, Luis Rivera Santana, señaló en declaraciones escritas “como es de costumbre, no afirmamos ni negamos la existencia de investigaciones como es nuestra política”.

Reacciona directora de entidad

Por su parte, Mariely Rivera, directora ejecutiva de Unidos por Puerto Rico, dijo ayer a EL VOCERO que, al momento, no han recibido ninguna citación ni ningún requerimiento de información por parte de las autoridades federales.

Aclaró que la entidad privada Unidos por Puerto Rico fue concebida por la primera dama en septiembre de 2017, que a finales de octubre fue incorporada como una organización sin fines de lucro y desde entonces ha estado en manos del sector privado.

Destacó que las labores de la entidad se efectuaron de forma separada de la recolección y distribución de artículos donados en el Coliseo.

“Indistintamente el nombre de Unidos por Puerto Rico se utilizó para muchas iniciativas tras los huracanes; es una entidad privada con una estructura independiente que estableció unos esfuerzos a través de un modelo de impacto con organizaciones sin fines de lucro, con fuentes de fondos privados que donaban por la causa de los huracanes”, expuso.