Alcalde Villalba y Guayanilla

De izquierda a derecha, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y primer vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, y Nelson Torres Yordán, alcalde de Guayanilla y segundo vicepresidente de la Asociación.

El juez federal Gustavo Gelpí, acogió la petición de la Asociación de Alcaldes y emitió una orden de interdicto preliminar contra la Oficina del Contralor Electoral (OEC), luego de que esta agencia aprobó un reglamento que restringe el uso de sus páginas oficiales en el Internet.

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico demandó a la OEC, luego de la aprobación de un reglamento sobre el uso de las páginas oficiales de internet y redes sociales de los funcionarios públicos, por entender que viola su derecho cobijado bajo la Primera Enmienda -Libertad de Expresión-.

En su orden Gelpí concluyó que el reglamento restringe el discurso político de todos los candidatos que actualmente ocupan cargos gubernamentales. Observó que a lo largo de la pandemia del Covid-19, todos los candidatos han tenido que reinventar su modo de expresión política para depender cada vez más de las redes sociales. 

“Incluso, si la pandemia terminara hoy, la Primera Enmienda no distingue entre varios modos legales de expresión. Si la OEC puede prohibir efectivamente la expresión política en Facebook, Twitter y otras plataformas de la era digital, qué le impide  hacerlo de la misma manera en lo que respecta a cartas, publicaciones o tiempo de transmisión de radio y televisión? O en cuanto a eventos presenciales o caravanas? cuestionó el juez.

Destacó que bajo el reglamento de la OEC se le prohibiría a la candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos Kamala Harris y al presidente Donald Trump utilizar sus cuentas privadas para destacar sus logros.

“Aunque esta decisión solo se aplica a los 45 miembros de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, su razón fundamental se aplica invariablemente a todos los demás alcaldes que buscan la reelección, así como a cualquier otro funcionario electo actual que vuelva a postularse para un cargo, independientemente del partido político al que esté afiliado. Además, nada en esta orden judicial impide que la OCE tome todas las medidas necesarias si un candidato político financia su campaña con sus recursos gubernamentales, incluida la remisión para un proceso penal”, indica la orden.

La OCE expone que su determinación promueve el interés del gobierno de Puerto Rico de salvaguardar el uso de fondos públicos y recursos “y evitar que el gobierno se involucre en campañas políticas mediante la publicación de anuncios durante un año electoral”.

De igual forma, la OEC rechazó que el reglamento restringiera el derecho de expresión de los alcaldes.

 

Lea la orden del juez Gelpí aquí: