Fraude

Anteriormente otras agencias han sido objeto de fraude cibernético, como el Departamento de Hacienda.

La investigación en torno al desfalco millonario —mediante ‘hackeo’— a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) de empleados públicos se encuentra bastante avanzada, confirmaron ayer fuentes relacionadas que aseguran que habrá acciones concretas muy pronto.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI), apoyado por entidades locales como la Unidad de Fraude de la División de Robos a Bancos de la Policía y otras, busca dar con el origen del esquema a través del cual se ‘hackearon’ los sistemas y cuentas de Retiro, relacionadas a dinero procedente de agencias como la Compañía de Turismo, la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, por sus siglas en inglés), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Compañía de Comercio y Exportación (CCE).

No se descarta que otras dependencias públicas también hayan sido objeto de delito cibernético. En el pasado cercano, entidades como el Departamento de Hacienda han estado expuestas a crímenes de ‘hackeo’, lo cual igualmente ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad en los sistemas del gobierno.

Hasta ahora, al menos en el caso de Pridco la portavoz de prensa del FBI, Limary Cruz Rubio, confirmó ayer que se logró proteger los $2.6 millones que se intentó transferir desde la corporación pública. En concreto, las investigaciones incluyen otros $63,000 que fueron desfalcados de Pridco a mediados de enero, y hubo otra situación similar con $1.5 millones de Turismo.

“El FBI protegió el dinero (de Pridco). Como se informó rápidamente, se mitigó el daño y el dinero se pudo proteger”, indicó Cruz Rubio.

En entrevista exclusiva con EL VOCERO la semana pasada, el saliente director del FBI en la Isla, Douglas Leff, adelantó que una de las prioridades de la agencia son las investigaciones de crímenes cibernéticos. “Tenemos varios casos. Son esquemas sofisticados”, manifestó entonces Leff, quien aludió también a situaciones con empresas privadas.

Destacó que el FBI tiene poco tiempo para detener transacciones fraudulentas y pidió a las entidades víctimas —públicas y privadas— a denunciar estos crímenes lo más pronto posible.

Comentó que si el banco donde están las cuentas es doméstico, el FBI tiene alrededor de 24 horas para poder detener la transacción fraudulenta. No ocurre igual cuando se trata de instituciones financieras en otras jurisdicciones —incluso en Estados Unidos—, como ha ocurrido en algunas de las instancias divulgadas en las últimas horas.

Este medio supo que las autoridades locales han enfrentado dificultades en la investigación de las querellas recibidas en la Unidad de Fraude de la División de Robos a Bancos por la poca cooperación de parte de Retiro. A esta dependencia se le ha pedido información y colaboración desde el pasado año, indicaron las fuentes consultadas.

Al ser abordado, el teniente José Ayala, director de la División de Robos a Bancos, se limitó a confirmar la existencia de las querellas que han trascendido hasta ahora y aseguró que se trabaja de manera conjunta con el FBI.

El esquema consiste en cuentas fraudulentas creadas por los ‘hackers’ para desviar el dinero proveniente de agencias públicas y que debe ser depositado en Retiro para el pago de las pensiones a los jubilados del gobierno, o para los planes de aportación.

La primera denuncia ocurrió en la tarde del miércoles y se alertaba sobre el descubrimiento de un correo electrónico con un cambio en la cuenta a la que se debían enviar las remesas relacionadas a las pensiones de los empleados de Pridco.

Rubén Rivera López, director de finanzas en Pridco, informó que un desembolso del 17 de enero fue hecho a una cuenta fraudulenta en el extranjero que aparecía en el correo electrónico.

Atenta Justicia local

Aunque la jurisdicción investigativa es federal, ayer la secretaria del Departamento de Justicia local, Dennise Longo —al ser abordada por periodistas en la inauguración del nuevo edificio del FBI en Hato Rey— señaló que podría asignar un fiscal de la unidad de Delitos Económicos para que también investigue el fraude de $2.6 millones en Pridco.

“Esa información se ha presentado y tiene que pasar por los procesos de asignársele un fiscal para determinar cómo se va a investigar… es un delito económico, así que probablemente sería referido a la unidad de Delitos Económicos para que pase por un proceso de investigación”, expresó Longo. Aclaró que la jurisdicción es concurrente con las autoridades federales.

Se desconoce por qué si había requerimientos de información a Retiro desde el pasado año —como indicaron las fuentes consultadas por EL VOCERO— no había surgido ante la designación de personal investigativo de Justicia.

En las pesquisas de fraude cibernético en la Isla también se han detectado vínculos internacionales. El saliente director del FBI en la Isla explicó recientemente que “hemos tenido éxito contra criminales en China, Rusia y otros países, porque tenemos una buena relación con la Policía de esos países. Nuestra meta es rescatar los fondos y arrestar a los responsables”.