Policía, Crimen

Un individuo identificado por la Policía como Eric Rodríguez Clemente fue arrestado en la tarde de hoy cuando intentó cambiar un cheque por $10,722 emitido por el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) usando una licencia de conducir falsificada.

Con el arresto de Rodríguez Clemente suman 34 las personas intervenidas desde el 14 de julio, sin que hasta la fecha se haya radicado caso alguno. Tras los arrestos la Fiscalía ha dejado pendiente la radicación de los casos.

El cheque fue obtenido mediante información falsa a nombre de otra persona, y se detectó el fraude cuando presentó una licencia falsificada en la sucursal del Banco Popular en San Patricio.

Entre el 14 de julio y el 3 de agosto los agentes de la División de Robos a Bancos han recuperado $183,280 al frustrar la transacción de cambio.

Investigadores estatales y federales procuran arrestar a los integrantes de una organización que se dedica al robo de identidad, usan la información para solicitar el PUA y utilizan individuos a los que les ofrecen una comisión por cambiar los cheques mediante licencias falsas.

En otro de los ángulos de los distintos fraudes bajo pesquisa, hasta la tarde del lunes habían transcurrido cinco días sin que las autoridades hayan entregado el subpoena emitido al Colegio San Ignacio de Loyola, para conocer los nombres de sus estudiantes y cotejarlos los las listas de cheques emitidos por el Departamento de Trabajo.

El dinero proviene de fondos federales, pero el peso de las investigaciones del presunto fraude cometido supuestamente por unos 30 estudiantes que pidieron los beneficios del PUA, está en manos de la Fiscalía de San Juan.

La Fiscalía obtuvo información preliminar de presuntos implicados que señalan a estudiantes entre los 14 a 18 años de edad.

La pesquisa no avanza desde el miércoles pasado cuando al mediodía cesaron labores previo al paso de la tormenta Isaías, que paralizó prácticamente al país el jueves.

Mientras transcurren los días, siguen surgiendo nuevas querellas, de empleados públicos, entre ellos policías, que recibieron los beneficios al informar que estaban desempleados porque perdieron trabajos que tenían a tiempo parcial en empresas privadas.

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