Fraude

>Suministrada

Alejandro Irizarry Irizarry, exasesor del municipio de Mayagüez, exjuez y exrector de la Pontificia Universidad Católica, fue acusado junto a otras seis personas por un gran jurado por 33 cargos relacionados a un esquema para cometer fraude contra el ayuntamiento en una inversión de $9 millones.

El dinero utilizado para el fraude había sido asignado a través de resoluciones conjuntas de la Asamblea Legislativa al municipio de Mayagüez para la renovación y mejoramiento del Centro Comprensivo de Trauma. Sin embargo, el dinero no fue utilizado para estos fines.

Los restantes acusados fueron identificados como Eugenio García Jiménez, Stephen Kirkland, Steve Minger, Alejandro Riera Fernández, Joseph Kirkland y Roberto Mejill Tellado.

EL VOCERO había publicado el 4 de julio de 2019 que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) realizaba una pesquisa sobre esta multimillonaria transacción.

Según la acusación, entre marzo de 2016 a junio de 2018 los acusados orquestaron el esquema para presuntamente defraudar al municipio de Mayagüez y a Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) de fondos pertenecientes al ayuntamiento, al representar falsamente que los $9 millones que fueron invertidos tuvieron una tasa de rendimiento significativa.

MEDI es una corporación pública con fines de lucro creada con el propósito de promover el desarrollo económico de Mayagüez y la región oeste de Puerto Rico, generar empleos, apoyar proyectos de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Gastos personales

Se alega que los acusados transfirieron, distribuyeron y gastaron el dinero de manera inconsistente con las declaraciones hechas al ayuntamiento mayagüezano y a MEDI sobre la inversión del dinero, para incluir la compra de una embarcación, joyas, ropa, pagos de matrícula escolar, restaurantes, servicios públicos, tarjetas de crédito, pagos y decoración del hogar, así como mejoras inmobiliarias como piscinas y el pago de hipotecas.

Mediante múltiples entidades corporativas fantasmas y cuentas financieras, los acusados recibieron colectivamente cientos de miles de dólares pertenecientes al ayuntamiento de Mayagüez, destinados a inversiones y que luego fueron utilizados para gastos personales y compras de bienes muebles e inmuebles, indica la acusación.

El pliego acusatorio agrega que el uso de las entidades corporativas fantasmas sirvió para ocultar el plan para defraudar al municipio de Mayagüez y a MEDI, y permitió a los acusados “adormecer a Mayagüez y MEDI haciéndoles creer que los $9 millones fueron invertidos”.

Se indicó que la Asamblea Legislativa le había asignado al municipio unos $8.7 millones a través de resoluciones conjuntas para la renovación y mejoramiento del Centro Comprensivo de Trauma y que el dinero fue apropiado por los acusados.

Del dinero obtenido del municipio a través de tergiversaciones materiales, los acusados solo devolvieron $1,800,000 al ayuntamiento y al hacerlo representaron falsamente que se trataba de un retorno de la inversión.

Quedan en libertad

Irizarry Irizarry, Riera Fernández y Mejill Tellado comparecieron ayer a la vista inicial ante la magistrada federal Giselle López Soler. Irizarry Irizarry, quien fue representado por el abogado Roberto Millán, no estaba preparado para que se le celebrara la vista de lectura formal de cargos. El proceso fue pautado para el 6 de abril.

Mientras tanto, a los coacusados Riera Fernández y Mejill Tellado se les celebró la vista inicial de fianza y de lectura formal de cargos. Ambos se declararon no culpables por este caso.

Los tres acusados quedaron en libertad bajo reconocimiento propio.

Los restantes coacusados fueron detenidos en Estados Unidos, en donde tuvieron la vista inicial. La fiscal Fernández pidió a la magistrada que paute la fecha para que los acusados comparezcan al distrito de Puerto Rico.

Los acusados se exponen a sentencias máximas de hasta 20 años de cárcel, a multas de hasta $250,000 y a tres años de libertad supervisada.

El caso está a cargo de los fiscales federales Myriam Fernández y Seth Erbe. El esquema fue investigado por el FBI y el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés).