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A Burgos se le impuso una fianza de $5,000 por cada violación a la ley de ética, que se consideran delitos graves. >Brandon Cruz González / EL VOCERO

La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, halló causa para arresto contra la exsecretaria interina del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos, por infracciones a dos artículos de la Ley de Ética Gubernamental y uno por obstrucción a la justicia.

Las denuncias fueron presentadas por los fiscales especiales independientes (FEI) Leticia Pabón Ortiz y Miguel A. Colón Ortiz. A Burgos —quien estuvo presente en sala en todo momento— se le impuso una fianza de $5,000 por cada violación a la ley de ética, que se consideran delitos graves. La vista preliminar fue señalada para el 2 de junio a las 9:00 a.m.

El caso se centra en la intervención de Burgos en un proceso legal en curso, relacionado con la retención ilegal de un informe investigativo confidencial de Justicia y la prueba recopilada en dicho proceso, además del supuesto manejo irregular del expediente original de la investigación, el cual retiró de las oficinas de Justicia el 6 de julio de 2020 y no lo regresó hasta el día siguiente.

De hecho, a Burgos se le imputa un cargo por violación al Artículo 246 del Código Penal de resistencia u obstrucción a la autoridad pública e infracción a los artículos 4.2 (f) y 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que hacen referencia a que un funcionario no puede revelar información confidencial y/o utilizar las facultades en su cargo para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

En su alocución final en la Sala 606, el fiscal Colón planteó que el 6 de julio de 2020 la imputada tuvo acceso a un informe que había firmado la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones. En el mismo, se hacía un referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) contra la entonces gobernadora Wanda Vázquez y otros funcionarios y exfuncionarios.

Esta pesquisa se relaciona al supuesto manejo irregular de suministros para los damnificados por los terremotos ocurridos en el suroeste de la Isla a principios de 2020.

“Tuvo acceso al (informe) porque ella solicitó que se le devolviera, se interceptara el informe y se trajera a su oficina. Ya la secretaria anterior lo había dejado firmado y ella pidió revisar el informe”, dijo Colón.

“Pidió el informe para atrás, se lo depositaron en su escritorio, se lo llevó para la casa, según sus propias admisiones, y le ordenaron que lo devolviera. Cuando llega al FEI nuevamente, ese informe es ponchado por el FEI, de manera que posteriormente aparece un informe en la prensa que no aparece ponchado en el FEI, pero aparece firmado por la secretaria anterior (Longo Quiñones)”, sostuvo.

No entregó celular

Colón afirmó que de la prueba desfilada se desprende que Burgos tuvo control, dominio y acceso al referido informe y que dicho documento fue transmitido posteriormente a la prensa. “Se le solicita ocupar los teléfonos a las personas que tuvieron acceso a este informe y hay personas que entregaron el celular. La dama (Burgos) optó por solicitar que se le entregara una orden de allanamiento. Así se hizo. Cuando se fue a ocupar el celular, se niega a entregar ese celular”, añadió Colón, quien dijo que la funcionaria le había informado a un funcionario —cuyo nombre no reveló— que estaba siendo investigado.

Precisamente, la agente investigadora del PFEI, Yadira Román Maldonado, señaló que el pasado 20 de enero acudió a Justicia con una orden de allanamiento para que Burgos le entregara su teléfono celular, pero que esta se había negado. “No quería entregar su celular”, dijo Román Maldonado.

En cambio, el abogado Jason González Delgado cuestionó las tres denuncias contra su cliente. Alegó que Burgos tenía facultades en ese momento para investigar los casos en cualquier etapa de los procedimientos. “En este caso, examinando unos informes… ilegalmente firmados por la exsecretaria de Justicia (Longo Quiñones)”, manifestó González Delgado, quien afirmó que cuando Longo Quiñones firmó el informe esta ya no era secretaria de Justicia.

Refieren a exgobernadora

Luego de que se diera a conocer la causa probable contra Burgos, el PFEI envió un comunicado de prensa en el que anunció que la exgobernadora Vázquez fue referida a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) “por considerar que la prueba recopilada durante la investigación a fondo contiene actuaciones constitutivas de violaciones” a la Ley de Ética del 2012.

De igual forma, se refirió al exsecretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón Batlle; a la exsecretaria interina de Justicia, Burgos; a la exdirectora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñones Suárez y a la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos.

Suspenden a la imputada

En tanto, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, informó en la tarde de ayer que ante la determinación de causa contra Burgos, la agencia procederá a notificarle la suspensión de sus funciones.