Wandymar Burgos

Radicación de cargos por parte del OPFEI a la exsecretaria del Departamento de Justicia Wandymar Burgos. (Brandon Cruz González / EL VOCERO)

La jueza Iraida Rodríguez Castro del Tribunal de Primera Instancia de San Juan halló hoy, lunes, causa para arresto contra la exsecretaria interina del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos, por infracciones a dos artículos de la Ley de Ética Gubernamental y uno por obstrucción a la justicia, contenido en el Código Penal.

Los cargos fueron presentados por los fiscales especiales independientes (FEI), Leticia Pabón Ortiz y Miguel A. Colón Ortiz.

A Burgos -quien estuvo presente en sala en todo momento- se le impuso una fianza de $5,000 por las violaciones a la Ley de Ética, que se consideran delitos graves. La fianza global fue de $10,000 y la vista preliminar fue señalada para el 2 de junio a las 9:00 de la mañana.

En síntesis, las denuncias se centran en la interrupción de Burgos en un proceso legal en curso, relacionado con la retención ilegal de un informe investigativo confidencial del Departamento de Justicia y la prueba recopilada en dicho proceso. Además del supuesto manejo del expediente original de la investigación, el cual retiró de las oficinas de Justicia el 6 de julio de 2020, y no lo regresó hasta el 7 de julio.

En la Sala 606, donde se llevaron a cabo los procesos, el fiscal Colón planteó que el 6 de julio de 2020 la imputada tuvo acceso a un informe que había firmado la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones. En el mismo, se hacía un referido al FEI contra la exgobernadora Wanda Vázquez y otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno.

“Tuvo acceso al (informe) porque ella solicitó que se le devolviera, se interceptara el informe y se trajera a su oficina. Ya la secretaria anterior lo había dejado firmado y ella pidió revisar el informe”, dijo Colón.

“Pidió el informe para atrás, se lo depositaron en su escritorio... Se lo llevó para la casa, según sus propias admisiones, y le ordenaron que lo devolviera. Cuando llega al FEI nuevamente, ese informe es ponchado por el FEI de manera que posteriormente aparece un informe en la prensa que no aparece ponchado en el FEI, pero aparece firmado por la secretaria anterior (Dennise Longo Quiñones)”, sostuvo.

Se negó a entregar teléfono

Colón afirmó que, de la prueba desfilada se desprende que la imputada tuvo control, dominio y acceso al informe y que dicho documento fue transmitido posteriormente a la prensa. De igual manera, reveló que Burgos se negó a entregar su teléfono celular.

“Se le solicita ocupar los teléfonos a las personas que tuvieron acceso a este informe y hay personas que entregaron el celular. La dama optó por solicitar que se le entregara una orden de allanamiento. Así se hizo. Cuando se fue a ocupar el celular, se niega a entregar ese celular”, añadió Colón.

Precisamente, la agente investigadora del PFEI, Yadira Román Maldonado, dijo que el pasado 20 de enero acudió al Departamento de Justicia, con una orden de allanamiento, para que la imputada le entregara el teléfono celular, pero que esta se había negado. “No quería entregar su celular”, dijo Román Maldonado.

Se comunicó con referidos

Sin embargo, Colón planteó que la orden de allanamiento estaba dirigida no solo a buscar en el celular el informe que había sido divulgado, sino mensajes de texto, contenido y otros datos relacionados con el asunto. “En la orden de allanamiento se incluía cualquier mensaje relacionado con el archivo que se estaba buscando y cuando se analiza el celular se encuentra que la dama estaba comunicándole -no a cualquier persona, a los referidos- que existía un informe en su contra”, dijo Colón.

“O sea no se refiere a informarle al gobernador que hay un informe de un jefe de agencia, se refiere a informarle a un sospechoso, a una persona que está siendo investigada… Cuando se transmite la información, ni siquiera los fiscales especiales independientes tenían el informe y de ahí es que entendemos que se configura el delito de dar información confidencial para beneficio de terceros… Ella no tenía la facultad de informarle a su jefe que estaba siendo investigado”, añadió.

En cambio, el abogado Jason González Delgado cuestionó el cargo de obstrucción al plantear que la imputada era secretaria de Justicia y tenía facultades en ese momento para investigar los casos en cualquier etapa de los procedimientos. “En este caso, examinando unos informes que salieron el viernes, ilegalmente firmados por la exsecretaria de Justicia (Dennise Longo Quiñones)”, dijo González Delgado, quien afirmó que cuando Longo Quiñones firmó el informe esta ya no fungía como secretaria de Justicia.

“Todas las personas implicadas en este informe preliminar que fue filtrado son funcionarios públicos de Puerto Rico, no cumplen con el requisito de que son personas privadas y, segundo, no tienen el beneficio mencionado ni siquiera una cintila de evidencia de que estas personas obtuvieron algún tipo de beneficio porque Wandymar Burgos ya era secretaria de Justicia, se queda como secretaria de Justicia hasta que ella renuncia y la gobernadora (Wanda Vázquez) se quedó como gobernadora”, añadió en respuesta a las otras dos violaciones que se le imputan a Burgos por la Ley de Ética Gubernamental.

Detalle de violaciones imputadas

En síntesis, los delitos que se le imputan son: violación a los artículos 4.2 f y 4.2 b de la Ley de Ética Gubernamental. También un cargo por violación a la Artículo 246 del Código Penal de resistencia u obstrucción a la autoridad pública.

En cambio, el artículo 4.2f de la Ley de Ética hace referencia a que “un servidor público no puede revelar o usar información o un documento confidencial adquirido por razón de su empleo para obtener, directa o indirectamente, un beneficio para él o para una persona privada o negocio”.

Mientras que, el artículo 4.2b establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

Planteamientos iniciales

Como parte de los planteamientos iniciales presentados en sala, González Delgado -quien integra la defensa junto al licenciado Luis E. Tomassini Segarra- alegó que no fue hasta las 9:49 a.m. del lunes que se le informó a la defensa los cargos que se le estarían imputando a Burgos. “Hemos estado en comunicación con el FEI mucho antes de estas dos semanas. Llevo dos semanas solicitándole al FEI que por lo menos nos indique qué cargos se le iban a radicar. La última conversación que tuve fue con la fiscal Leticia Pabón el viernes donde se le solicitó copia de las denuncias”, sostuvo.

González Delgado indicó que una vez el FEI o el Departamento de Justicia le imputa la comisión de un delito a una persona, “se beneficia esa persona de todos los derechos constitucionales que tiene y, en este caso, nosotros entendemos respetuosamente que se le han ido violando desde el principio hasta el día de hoy porque no es hasta hace una hora que nosotros pudimos tener acceso o tener conocimiento de qué es lo que se le está imputando”.

La defensa solicitó copia de los documentos complementarios del caso, algo a lo que se oponían los fiscales especiales. González Delgado pidió al tribunal que, si los fiscales se continuaban oponiendo a la entrega de los documentos, que no se tomaran en consideración porque la defensa “no tenía idea” de esa prueba de referencia y el contenido que el FEI estaba tratando de utilizar en contra de Burgos para determinar causa para arresto. Finalmente, la jueza falló a favor de la defensa y dio unos minutos en sala para que los fiscales enviaran copia de los documentos solicitados.

“No tenemos el derecho a obtener una copia en este momento de la declaración jurada, pero nada impide que por lo menos se le informe a la acusada de que es lo que están diciendo los testigos porque en este momento nosotros estamos aquí en la sala, se supone que estuviéramos preparado para atender una vista de causa para arresto sin tener información alguna de que era lo que se le imputa a la fiscal Wandymar Burgos”, dijo González Delgado.

En tanto, la fiscal Leticia Pabón Ortiz confirmó en sala que fue antes de comenzar el proceso que se le hizo llegar copia de las denuncias a la defensa.

“La imputada tiene derecho a tener las denuncias antes del proceso, pero no la semana pasada o hace dos semanas. Tiene derecho a tenerlas antes de que se comience el proceso como se hizo en el día de hoy”, dijo Pabón Ortiz, como parte de sus argumentos en sala.

En la vista trascendió que los fiscales presentaron 12 documentos jurisdiccionales, que van a los efectos de que el tribunal esté claro sobre la denuncia que está presentado el FEI sobre la acusada.

En cambio, la prueba documental se centra en cinco documentos que incluyen el informe de la agente Yadira Román y la Opfei sobre gestiones que realizara al diligenciar la orden de allanamiento para ocupar el teléfono celular de la imputada; el informe de mensajes de texto extraídos de un teléfono celular; y el informe final de investigación preliminar del caso de la exgobernadora y otros.

Planteamiento de falta de jurisdicción

Durante la vista, la defensa hizo una alegación -sin éxito- de falta de jurisdicción del FEI, basándose en lo que dispone la Ley 2-1988, que dio paso a la creación del organismo, así como una cronología de las fechas desde que la exsecretaria del Departamento de Justicia, Denisse Longo Quiñones, el 27 de enero de 2020 notifica al FEI que están evaluando una querella sobre funcionarios públicos. González Delgado no entró en detalles de quiénes eran estos funcionarios.

“El problema es que el 11 de marzo, la exsecretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones refiere la querella y solicita 90 días. El informe, si contamos los 90 días, tenemos que la secretaria de Justicia el 3 de julio de 2020, envía una comunicación para rendir el informe preliminar de investigación. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que ese terminó del 3 de julio de 2020, cuando la exsecretaria de Justicia hace el referido ya ella no ejercía funciones de secretaria de Justicia”, expresó González Delgado, quien dijo que había pasado 282 días desde que se radicó la querella inicial.

Sin embargo, los fiscales especiales indicaron que el FEI no pierde jurisdicción sobre funcionarios públicos. La fiscal Pabón Ortiz alegó que, desde junio de 2020, esta investigación y otras cinco estaban finalizadas al momento de la renuncia de la exsecretaria de Justicia.

“Esos documentos ya estaban firmados y estaban listos para ser entregados a esta oficina, que es precisamente donde ella entra a interferir con la entrega de una investigación que pertenece a esta oficina. Ella logra retirar esos documentos y de paso, según la investigación nuestra, llevárselos a su casa”, dijo la fiscal.

Suspendida de Justicia 

Por su parte, el designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, informó que la exsecretaria interina, quedará suspendida de sus funciones en el departamento.