Gustavo Gelpí
El juez federal Gustavo Gelpí. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, confirmó la determinación del juez del distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, quien denegó la petición de la defensa de Juan R. Pedro Vidal, para que se eliminara la aplicabilidad de la pena de muerte por en su caso.

“Confirmamos la orden del Tribunal de Distrito de Puerto Rico de denegar la moción de Pedro Vidal, de que se anulara la aplicabilidad de la pena de muerte”, señala la orden del panel de jueces Jeffrey Howard, Denise Casper y William Kayatta.

Steven Potolsky, abogado principal del caso, quien es experto en casos de pena capital, había argumentado que el referido castigo no debe ser aplicado en la Isla debido a que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no votan en los comicios en Estados Unidos.

Potolsky exponía que en los siete casos previos de pena de muerte que se han celebrado en el distrito de Puerto Rico el jurado no ha recomendado una sentencia de pena de muerte, por lo que los convictos han sido sentenciados a cadena perpetua.

En abril de 2019, Gelpí denegó la petición de la defensa al afirmar que aunque los residentes de Puerto Rico no pueden votar por el presidente estadounidense, sí están sujetos a las mismas leyes criminales y civiles que el resto de los Estados Unidos Continentales.

Gelpí argumentó que la exposición del acusado a la pena capital, por un crimen atroz, si se prueba más allá de duda razonable, no está impedido por su falta de acceso al proceso político.

La pena de muerte no existe en la Isla en virtud de la Ley Número 42 de 26 de abril de 1929.

El 17 de julio de 2001, el fenecido juez federal Salvador Casellas había acogido los argumentos de Potolsky en el caso de Héctor Acosta Martínez de que la pena de muerte era inaplicable en Puerto Rico.

Casellas determinó que el Congreso estadounidense no podía imponer una ley de pena de muerte en ciertos crímenes en la Isla porque sus residentes no tuvieron participación en la elaboración del estatuto. “Golpea la consciencia imponer la pena capital, la muerte a ciudadanos americanos a los que se les ha negado el derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno que aplica y autoriza la imposición de ese castigo”, concluyó Casellas. 

La Constitución de Puerto Rico prohíbe el castigo.

Sin embargo, la fiscalía federal apeló y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito descartó los fundamentos del tribunal de distrito y revocó la determinación.

El Departamento de Justicia federal certificó el caso contra Vidal como uno de pena de muerte.

Vidal fue acusado junto a otras seis personas por el secuestro y carjacking contra dos hombres en hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2016.

La víctima fue identificada solo por sus iniciales J.G.R. y la otra persona fue identificada por sus iniciales E.R.B.

Ambos fueron baleados y metidos en el baúl de un vehículo. Posteriormente, fueron llevados a un punto en Gurabo donde los acusados quemaron el auto. Sin embargo, E.B.R, logró escapar.