"La Casa", nuevo complejo de viviendas en Ciudadela

El ingeniero Ariel Gutiérrez, coacusado junto a la exsecretaria de Educación Julia Keleher por un presunto esquema de soborno en relación a la cesión de un terreno de la Escuela Padre Rufo en Santurce al condominio Ciudadela, solicitó al juez federal Francisco Besosa la desestimación de los cargos en su contra al afirmar que el pliego es defectuoso.

Gutiérrez enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude en sus servicios honestos, fraude electrónico y soborno.

Los abogados Francisco Rebollo y José Fusté plantean que ninguno de los correos electrónicos tuvo relación alguna con un acuerdo para influenciar, como alega la acusación. 

“Debido a que ninguno de los presuntos correos electrónicos se transmitieron con el propósito de ejecutar o intentar ejecutar el esquema de fraude, la acusación no alega el elemento esencial", expresa la moción.

En cuanto a los cargos por fraude en sus servicios honestos, los letrados argumentan que los mismos no acusan adecuadamente una violación al estatuto, ya que no se alega ninguna decisión o acción que constituya en acto oficial a cambio de algo de valor.

Señalan que la única acción potencialmente oficial tomada por Keleher como se afirma en la acusación es su firma en una carta fechada el 17 de julio de 2018 en la que declara que el Departamento de Educación (DE), no tuvo objeción a la expansión propuesta por la “Compañía C” de una carretera a 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre Rufo.

“En consecuencia, la carta y lo que decía no constituía un acto oficial. Llamativamente, la carta no pretendía dar, ni consentir, ni ceder nada a la “Compañía C”.

La acusación por este caso alega que el propósito de la conspiración era que Keleher usara su posición oficial como secretaria de Educación para enriquecerse al aceptar un contrato de arrendamiento de $1 en el Condominio Ciudadela, desde junio hasta diciembre de 2018, a cambio de ceder una porción de un terreno de la escuela Padre Rufo, ubicada detrás del referido complejo de vivienda en Santurce.

Según el ministerio público, para mayo de 2018 Gutiérrez Rodríguez y otras personas no mencionadas en la acusación, se comunicaron con un empleado del Departamento de Educación (DE), bajo la tutela de Keleher, a fin de que la agencia le cediera 1,034 pies cuadrados de la escuela Padre Rufo.

Se alega que el 30 de mayo Gutiérrez Rodríguez, quien es ingeniero, le envió un al empleado -no identificado- un borrador de un carta a Keleher en la que esta iba a ceder el terreno a “la Compañía C”.

El 7 de junio Keleher firmó un contrato de arrendamiento de $1,500 con opción a compra de un apartamento de dos habitaciones en Ciudadela. El apartamento tenía un costo de $297,500 y que recibiría un incentivo de $12,000 para la adquisición del apartamento. Este acuerdo le permitía ocupar el apartamento por la cantidad nominal de $1.00. 

El 17 de julio de 2018 se concretó la cesión del terreno.

La acusación indica que la exfuncionaria residió desde el 7 de junio de 2018 al 4 de diciembre de 2018 por la cantidad nominal de $1.00.

El pliego observa que Keleher como titular del DE estaba obligada a notificar de cualquier regalo, beneficio o ingreso a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en exceso de $20 mil.