Hilton Cordero

Cordero extinguió una pena de 10 años de cárcel.

El excomisionado de la Policía Municipal de San Juan Hilton Cordero deberá restituir $48,675 a su víctima de pornografía infantil y a la madre de esta, según una sentencia enmendada y emitida por el juez federal Gustavo Gelpí.

La sentencia precisa que $1,875 son para INH y $46,675 para la víctima.

La fiscalía federal solicitaba una restitución de $49 mil para las perjudicadas por sus gastos de tratamientos psicológicos como consecuencia de los delitos cometidos por el convicto. Las perjudicadas fueron identificadas solo por sus iniciales INH y MTH.

El pasado 22 de agosto, Cordero fue re sentenciado por Gelpí a 104 meses de prisión y a 12 años de libertad supervisada, tras declararse culpable por el cargo de posesión de pornografía infantil que le fue radicado en un segundo pliego luego de que la primera acusación le fue desestimada. Cordero extinguió su sentencia federal y estatal.

En la vista de sentencia se indicó que quedaba pendiente la cantidad exacta a ser restituida, ya que sería el juez quien iba a confirmarla mediante una orden como la que emitió hoy.

Como parte de sus condiciones de libertad supervisada el exfuncionario tuvo que anotarse en el Registro de Ofensores Sexuales. En caso de que se mude a otra jurisdicción tiene que registrase en la misma.

Cordero se había declarado culpable de los cargos por posesión de pornografía infantil que le fueron sometidos en una primera acusación de un gran jurado en el 2011. El 18 de noviembre de 2013 fue sentenciado por Gelpí a diez años de cárcel y a cinco años de libertad supervisada. Como parte del acuerdo con el gobierno, el convicto se había reservado el derecho de apelar la supresión de la prueba en su contra.

Posteriormente, su abogado José Nieto argumentó ante los jueces del Primer Circuito que la evidencia del gobierno tenía que ser suprimida porque la prueba que obtuvieron los agentes federales estuvo contaminada a consecuencia de las pistas que le proveyó la Policía de Puerto Rico.

Los jueces apelativos acogieron la alegación de la defensa de que la incautación del material pornográfico de menores que estaba en la computadora del convicto fue hecha de forma ilegal, lo que violaba la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El 12 de abril de 2016 la magistrada federal, Silvia Carreño celebró una vista de supresión de evidencia en relación con la prueba hallada en la computadora del convicto.

Gelpí acogió el informe de la magistrada Carreño, quien recomendó que se excluyera como evidencia los mensajes de texto e imágenes sexualmente explícitas de la menor que estaban en la computadora de la familia.

Pero, la magistrada recomendó que se utilizara como evidencia contra Cordero un disco duro, una cámara Sony y el testimonio de la perjudicada, identificada por sus iniciales MTH.

Cordero apeló esta determinación, pero el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito emitió una orden en la que expresó que sus argumentos no los persuadió.

El 7 de julio de 2016 un gran jurado radicó una acusación enmendada contra Cordero en la que se le radicaron nuevos cargos por posesión de material pornográfico infantil y tráfico sexual de menores.