Chrystal Robles Báez e Isoel Sánchez Santiago —acusados en el denominado caso de “empleados fantasmas”— se declararon culpables ayer ante el juez federal Francisco Besosa por el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
La defensa llegó a un acuerdo con el ministerio público para que se declararan culpables por este caso. Los ahora convictos son representados por los abogados Melanie Carrillo y Jason González.
De acuerdo con la acusación, la Fiscalía federal solicitó la confiscación de $34,000.
Carrillo dijo a preguntas de la prensa que las partes no han acordado ninguna cantidad específica de la confiscación. Destacó que su representada no coopera con las autoridades federales.
Durante la vista, el subdirector de la Fiscalía federal, Timothy Henwood, indicó que su oficina solicita una sentencia de entre cuatro a 10 meses de cárcel. Mientras, la defensa pedirá una pena de probatoria.
Isoel Sánchez Santiago incorporó la compañía International Legislative and Governmental Consulting Group el 1ro de enero de 2017.
Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO
Besosa aclaró que no está obligado a aceptar el acuerdo entre las partes y que los puede sentenciar a mayor o a menor tiempo de lo acordado.
Si Robles Báez y Sánchez Santiago hubiesen enfrentado el juicio en su contra se exponían a una sentencia de hasta 20 años de prisión, a una multa de $250,000 y a tres años de libertad supervisada.
Los convictos no tienen derecho a apelar su sentencia, según establece el acuerdo, dijo Henwood.
Vista de sentencia
La vista de sentencia fue señalada para el 9 de noviembre.
Henwood destacó que desde un principio el dúo le comunicó al ministerio público que estaba dispuesto a aceptar su culpa. Precisó que una semana antes de que se emitiera la acusación, los abogados de los acusados comunicaron a los fiscales sobre la disposición de sus representados.
Originalmente, Sánchez Santiago y Robles Báez, ambos de 29 años, fueron acusados de 18 cargos. Estos son: conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, mal uso de fondos de una entidad que recibe dinero federal, robo de identidad agravado y conspiración para cometer lavado de dinero.
Como parte del acuerdo, el día de la vista de sentencia se les desestimarán los restantes 17 cargos a cada uno. Sánchez Santiago y Robles Báez, quienes son pareja, tienen estudios de maestría.
El coacusado Ángel Figueroa Cruz, director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, enfrentará el juicio en su contra. Es representado por los abogados Edgar Sánchez y Juan Ramón Acevedo. Su juicio fue pospuesto hasta nuevo aviso al alegar que enfrenta problemas de salud.
El ministerio público cuenta con una treintena de testigos en este caso, así como documentos de la Cámara Alta.
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El pasado 30 de mayo, Robles Báez, Sánchez y Figueroa Cruz fueron arrestados tras ser acusados por un gran jurado. Estos continúan en libertad bajo fianza.
La acusación indica que desde 2016 a junio de 2018 los acusados llevaron a cabo su plan de defraudar facturando, aprobando y cobrando por trabajos que no se realizaron en contravención a los términos explícitos de los contratos.
Sacan provecho a las elecciones
Los acusados trabajaron en campañas electorales para candidatos a puestos electivos durante las elecciones de 2016.
De acuerdo a la teoría de la defensa, después de los comicios generales, los acusados comenzaron a explorar oportunidades de empleo con el gobierno, incluyendo contratos de servicios profesionales.
El 1ro de enero de 2017, Robles Báez incorporó la compañía Global Instant Consulting Group (GICC). El propósito era brindar asesoría administrativa y política, talleres, relaciones públicas y consultoría.
Ese mismo día Sánchez Santiago incorporó la compañía International Legislative and Governmental Consulting Group, con los mismos fines de GICC, pero se le añadió brindar asesoría en procesos legislativos y parlamentarios. Esta empresa brindó servicios profesionales en la Cámara de Representantes por cerca de año y medio, hasta la renuncia del exrepresentante Samuel Pagán.
En el proceso de establecer las corporaciones, Robles Báez solicitó a través del internet documentos del Departamento de Estado, Hacienda y de la Policía, entre otros. Los acusados firmaron contratos de servicios profesionales con el Senado y la Cámara de Representantes.
Detalles del esquema
Robles Báez, en más de 15 ocasiones, certificó y solicitó pagos que indicaban que había asistido a la Oficina de Asuntos Gubernamentales para brindar servicios profesionales, cuando en realidad la acusada no estuvo presente, ni proveyó dichos servicios.
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El pliego acusatorio alega que Robles Báez y Sánchez Santiago utilizaron la información personal de varios individuos “sin el conocimiento de estos, para dar la impresión de que Robles Báez, como coordinadora intergubernamental en nombre de la compañía, había brindado los servicios a estas personas, cuando en realidad nunca se solicitaron, ni se brindaron tales servicios”.
Sánchez Santiago proveyó sus contactos y los servicios a Robles Báez para que ella pudiera justificar el trabajo fraudulento que supuestamente GICC realizaba, conforme a los contratos.
Entretanto, se alega que el acusado Figueroa Cruz “certificó falsamente como correcta” la información contenida en las facturas de cobro presentadas por Robles Báez como coordinadora gubernamental.
Robles Báez y Sánchez Santiago se dividieron ganancias de aproximadamente $27,300.
La fiscal Rosa Emilia Rodríguez ha indicado que este es el primer caso de empleados fantasmas y que la pesquisa continúa.
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