Anaudi

Hernández Pérez se declaró culpable por 14 cargos el 18 de febrero de 2016. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

La acusación contra el empresario Anaudi Hernández Pérez, gestor de tres esquemas de fraude por unos $2 millones en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la Administración de Derecho Laboral (ADL) y en la Cámara de Representantes —por el cual 11 personas encararon la justicia— constituye el caso de corrupción más notorio de la década.

El 2 de diciembre de 2015, Hernández Pérez —recaudador del Partido Popular Democrático (PPD)— fue acusado por un gran jurado en 25 cargos por soborno, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión, en actos cometidos desde 2012.

Al empresario se le confiscó su lujosa mansión en Aguadilla, valorada en $4 millones y en donde se celebraron múltiples actividades de recaudación de donativos políticos. Entre los beneficiados, figura el exgobernador Alejandro García Padilla, el expresidente de la Cámara baja Jaime Perelló y la exsenadora Maritere González.

Su arresto, realizado el 3 de diciembre de 2015, sacudió los cimientos de la Pava.

Hernández Pérez —quien fue policía junto a su amigo y también convicto Lutgardo Acevedo— dejó su negocio de venta de celulares para obtener contratos con el gobierno.

La acusación indica que luego de las elecciones de noviembre de 2012, Hernández Pérez utilizó sus conexiones políticas para asegurarse de que se nombraran personas de su confianza a posiciones claves en distintas agencias del gobierno —entre estas la AAA y la ADL— para la obtención de contratos.

Estas personas sabían de su influencia y le enviaron resumés, que Hernández Pérez hacía llegar al hermano de García Padilla, Luis Gerardo “Gerry” García Padilla.

Con el poder que obtuvo recaudando donativos políticos, logró remover empleados de confianza para que se nombraran sus recomendados.

Obtuvo contratos y beneficios mediante la venta de influencias y pagos indebidos.

Hernández Pérez llegó a un acuerdo con el ministerio público y el 18 de febrero de 2016, se declaró culpable de 14 cargos. La vista de sentencia fue señalada para el 12 de enero de 2021.

La sentencia recomendada es de 70 a 87 meses de prisión. Si Hernández Pérez hubiese enfrentado el juicio, se exponía a una sentencia máxima de 20 años de cárcel.

Luego de declararse culpable, fue testigo en el juicio contra los coacusados Sally López Martínez, extitular de la ADL; la exvicepresidenta de AAA, Ivonne Falcón y su hermana Marielis, y Glenn Rivera Pizarro, exayudante del exadministrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón. Los cuatro fueron encontrados culpables por un jurado, el 7 de octubre de 2016.

Sally López

López Martínez fue sentenciada a nueve años de prisión. Mientras que Ivonne fue sentenciada a ocho años de cárcel y su hermana a tres años y cuatro meses.

ivonne 1
Ivonne Falcón Nieves fue sentenciada a ocho años de prisión.  
 
 

La vista de sentencia de Rivera Pizarro fue pautada para el 15 de enero de 2021.

Xavier González Calderón

Xavier González Calderón, solicitó ante el Tribunal Supremo local la desestimación de los cargos argumentando que ya fue convicto por los mismos delitos en la esfera federal. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

Otros que hicieron alegación de culpabilidad fueron: González Calderón, el expropietario de la compañía JM Professional and Trainning Group, Javier Muñiz; el psicólogo de JM Professional and Trainning, Carlos Luna; el exdirector de la Oficina de Tecnología de la Cámara de Representantes, Víctor Burgos; la exdirectora de Compras de la AAA, Sonia Barreto Colón, y el socio de Hernández Pérez, Héctor Vargas Soto. Este último será sentenciado el 12 de enero de 2021.