abel nazario

El exsenador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario. >Archivo/EL VOCERO

La defensa del exalcalde de Yauco, Abel Nazario, convicto por ofrecer declaraciones falsas al Departamento del Trabajo de Estados Unidos, anunció que apelará la sentencia de un año y seis meses de cárcel, más dos años de libertad supervisada, que le impuso el juez federal Joseph Laplante el pasado 19 de marzo.

Así consta en el expediente del caso, en el que se agrega que el 30 de abril se celebrará la vista de restitución.

Los abogados del convicto, María Domínguez, Carlos Andreu, Edgar Vega y Javier Micheo, argumentan que la restitución debe ser por $6,000. Mientras, los fiscales federales Scott Anderson y Myriam Fernández plantean que debe ser de $27,000.

Laplante ordenó a Nazario a entregarse a las autoridades el 19 de mayo para comenzar a cumplir su pena de cárcel.

El también exsenador novoprogresista tiene pendiente un segundo caso por el supuesto desvío de fondos del municipio para su campaña política ante el juez federal Francisco Besosa.

En mayo de 2013, durante una auditoría rutinaria de los registros del municipio, la Oficina del Contralor descubrió que los empleados municipales tenían que trabajar dos horas voluntarias por día. Esta irregularidad fue referida a la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo federal (WHD, por sus siglas en inglés), que determinó que este requisito de trabajo voluntario era una violación de la Ley de Normas Laborales (Fair Labor Standards Act).

En febrero de 2015, Nazario firmó un acuerdo de pago de salarios retroactivos con la División de Horas y Salarios del WHD en el que acordó pagar un total de $588,961 a 177 empleados municipales. Estos pagos retroactivos incluían el período del 1ro de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014.

El acuerdo enumeraba a cada empleado al que se le adeudaba un salario, el monto que se le debía y la fecha en que cada funcionario municipal debía recibir el pago.

En agosto de 2016, durante la próxima auditoría rutinaria de los registros del municipio yaucano, la Oficina del Contralor supo que aunque los empleados habían recibido pagos de lo que se les debía según el acuerdo del ayuntamiento con el WHD, este comenzó a retener los salarios regulares de los empleados, sin el conocimiento de estos o del WHD.