Juez

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La Asociación de Empleados Gerenciales (AEG) de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la unión de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (Tuama) presentaron una demanda contra el gobierno para que se declare inconstitucional la Ley 106 que crea un fideicomiso para el retiro de los empleados públicos.

El presidente de la AEG, José Ortiz Torres, y el secretario de Tuama, Ángel Torres Escribano, explicaron que el gobierno invade los derechos de los trabajadores al administrar su dinero de jubilación a través del sistema de retiro al cual dejó de aportarle dinero como patrono a partir de la creación de la Ley 106.

“Desde la Ley 106 en adelante, el gobierno ha vendido la ficción de que existe un Plan de Retiro, cuando en realidad lo que existe es la obligación al trabajador de desprenderse, como mínimo, de un 8.5% de su salario para ponerlo en un fondo que el gobierno administra a través de una compañía que el mismo Estado escoge”, señaló Ortiz Torres.

Los sindicalistas agregaron que, en el pasado, cuando el gobierno aportaba al Plan de Retiro, podía justificarse la administración de ese dinero, sin embargo, levantaron banderas sobre el mal manejo de los fondos.

“Ya la historia demostró la incapacidad del gobierno en administrar un fondo de retiro. La exposición de motivos de la Ley 106 no vacila al detallar la incapacidad administrativa del Estado. Nadie en uso de razón puede concluir que el resultado será distinto ahora que el gobierno no aporta al retiro del trabajador”, resaltó Ortiz Torres.

El dirigente fue más allá, al cuestionar la legitimidad del Estado “cuando priva a un trabajador del uso inmediato de su salario al obligarlo a participar del llamado Nuevo Plan de Aportaciones Definidas, independientemente de si eso es lo que desea o no hacer con su dinero. Esa imposición viola el derecho constitucional de libertad y propiedad”, sostuvo el licenciado.

“Privar a una persona de libertad económica como condición para retener su empleo es ilegal, y esta ley que es arbitraria, caprichosa e irrazonable, legitima esa práctica”, señaló Ortiz Torres.

Mientras, Escribano resaltó que la obligación de separar de un 8.5% en adelante aplica sólo a algunos trabajadores, mientras que excluye a un amplio sector que labora en el sector público y en el sector privado.

“Si el interés del Estado con el que justifica la Ley 106 es que se requiere que los trabajadores ahorren para su vejez, este interés, si fuera legítimo, tiene que tener una aplicación uniforme. En caso de que el servidor público se interese en ahorrar, tiene opciones en el mercado. No existe una base racional para que el Estado cree una y la imponga”, manifestó el tesorero de Tuama.

Los argumentos de la AEG se encuentran ante el Tribunal de Primera Instancia, al cual la organización le pidió una sentencia declaratoria que es el remedio que procede cuando una parte afectada entiende que se invaden sus derechos.