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La tala en Cerro Gordo incluyó palmeras, árboles y otros arbustos, según compartieron varias personas que colocaron las imágenes en Twitter. 

Luego de escuchar los argumentos de las partes, la jueza del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, Sarah Rosado Morales, denegó desestimar la demanda incoada por el Municipio de Vega Alta, entre otros, contra la secretaria Adriana Sánchez y el secretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, luego de la poda y corte de árboles y palmeras en el balneario de Cerro Gordo.

La magistrada señaló para el jueves 15 y viernes 16 de octubre las vistas en su fondo.

Los demandantes solicitan al tribunal que decrete la ilegalidad de las actuaciones de los demandados, que se expida un auto de injunction preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria que prohíba la tala de árboles y palmas en el balneario.

De igual forma, solicitan que la corte ordene la realización de un plan de reforestación del área para evitar que se agraven los daños.

Se alega que el DRD contrató a dos compañías privadas para que realizaran la tala de los árboles de distintas especies, tamaños y condiciones saludables en las inmediaciones del balneario, sin exhibir o mostrar en forma alguna la existencia de una autorización del DRNA o de algún permiso de cualesquiera agencias.

Exponen que no existe un plan de mitigación y que la acción constituye una violación a la Ley de Bosques de Puerto Rico.

El recurso legal indica que la aparente justificación por parte de las entidades gubernamentales para proceder con la tala fue la existencia de un plan autorizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), a fin de identificar material vegetativo, árboles y/o palmeras, afectados por los huracanes Irma y María, que estuvieran enfermos o representaran un riesgo para los visitantes.

“No obstante, la propia agencia federal ha desmentido públicamente a los departamentos públicos demandados, informando que el plan de trabajo sometido ante su consideración solo incluyó la poda o deforestación de 14 árboles. La realidad objetiva es que las agencias demandadas han promovido y accionado la poda de sobre 400 árboles”, reza la demanda.

Se alega que los árboles talados o cortados eran, incluso, especies endémicas y otras muy necesarias para mantener la diversidad del ecosistema. “Sin contar con estudio científico alguno, los contratistas que ejecutan las labores –por orden expresa o tácita del DRD y/o del DRNA– realizaron un corte indiscriminado de flora, cuyo impacto es de proporciones mayores, si sumamos el hecho de que no se ha demostrado la existencia de un plan de mitigación por dicha tala, como lo exige el ordenamiento jurídico”, expresa el documento.

Los demandantes afirman que los árboles eran una barrera natural contra el oleaje y la erosión costera.

“La pretensión de ampararse en una declaración de estado de emergencia de hace más de tres años, para fundar o justificar la tala de cientos de árboles, es contrario a derecho. Las declaraciones de estados de emergencia, al igual que el resto de las órdenes ejecutivas en nuestro ordenamiento, no pueden tener una vigencia permanente, mucho menos pueden tener el efecto de enmendar una ley”, expone el escrito.

Por su parte, el DRD y DRNA, representados por las abogados del Departamento de Justicia Antonio Contrón Almodóvar, Ashley Carrillo Marcano y Lorna Rivera Franco, solicitaron - sin éxito- la desestimación del caso y expusieron que la demanda no cumple con los requisitos establecidos por las reglas y jurisprudencia para que pueda darse paso a un injunction preliminar y/o permanente.

“Resulta evidente que los reclamos de la parte demandante en torno a que el DRD y  y el DRNA han estado llevando a cabo una poda indiscriminada de árboles, lo cual no es cierto y se niega inequívocamente, está impidiendo que se lleven a cabo los trabajos para acondicionar las áreas verdes en el balneario de Cerro Gordo y proteger a la ciudadanía antes que venza la fecha límite para la utilización de los fondos destinados por FEMA para ello”, señala la moción de desestimación.

Asimismo, alegan que el pasado 14 de febrero el DRD y el DRNA suscribieron un acuerdo interagencial para agilizar los trabajos de recogido y limpieza de escombros y rehabilitación de los Parques Nacionales el Gobierno de Puerto Rico, donde se autorizó a realizar los cortes de árboles que estuvieran dañados o lesionados.

Afirman que para el corte de los árboles no había la necesidad de pedir un permiso del DRNA. 

Insistieron en que solo se cortaron los árboles afectados y que representaban un peligro para la ciudadanía.

Plantean que el DRD presentará al DRNA un plan de reforestación, indicando las especies que serán sembradas para sustituir las especies removidas y el mantenimiento que se les dará a estas.

Los demandados alegan que los demandantes no tienen legitimación activa para promover el pleito. 

“En el presente caso, aun tomando como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, surge que los demandantes han fracasado en satisfacer los elementos básicos necesarios para que este Tribunal pueda reconocerle legitimación activa. Esto ya que los demandantes no alegan ningún daño claro, palpable, concreto ni particular, sino que se limitan a recitar de forma general la molestia ante el manejo de las labores de rehabilitación dentro de los Parques Nacionales de Puerto Rico”, reza la moción de desestimación.

Plantean que los demandantes no han acreditado la forma y manera en que el Estado ha vulnerado, incidido, violado específicamente sus derechos constitucionales. 

“Por el contrario, los demandantes basan su reclamación en unos presuntos daños que son generalizados y puramente especulativos que alega surgen como consecuencia de la poda de árboles, la cuales se han realizado conforme al debido protocolo y supervisión de expertos en la materia”, expresa la moción.

Insisten en que los demandantes no acreditaron la forma y manera en que el Estado ha intervenido, vulnerado, incidido, violado o vejado sus derechos como persona. Por lo cual, se solicita a este Foro que se desestime de inmediato la acción incoada por los demandantes carecer, en este caso, de legitimación activa. 

Plantean que la parte demandante no ha cualificado cuál es el daño irreparable que sufrirá.

“La parte demandante alega que se ha hecho una poda indiscriminada de árboles, pero no ha demostrado que esta alegación es cierta. Sólo se limita a argumentar la misma y darla por cierta. Ciertamente para poder concluir que la poda es indiscriminada se tiene que presentar evidencia que en efecto se hizo corte de un árbol que estaba en buenas condiciones”, indica la moción.

Exponen que los demandantes podían presentar una querella administrativa ante el DRNA.

Plantean que ante la crítica situación económica que atraviesa el gobierno, el no reanudar los trabajos pone en riesgo los fondos destinados por FEMA para el acondicionamiento de las áreas verdes y la protección de la ciudadanía en los Parques Nacionales, que culmina el 30 de noviembre de 2020.