Gustavo Gelpí

El juez federal Gustavo Gelpí.

El juez federal Gustavo Gelpí, denegó la petición del gobierno de Puerto Rico para que se anulara la designación del panel de tres jueces que determinarán si procede o no dejar en libertad a uno o más jóvenes ingresados en las instituciones penales de la Isla, bajo la custodia del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ).

“El panel de tres jueces fue debidamente establecido para remediar, si se justificaban, violaciones constitucionales graves… Además, las medidas afirmativas adoptadas por el Estado Libre Asociado (ELA), no garantizan, por sí mismas, automáticamente que la corte retroceda al statu quo anterior”, señala la orden de Gelpí.

El panel es compuesto por Gelpí, el juez del Tribunal Federal distrito de Puerto Rico Francisco Besosa y el juez del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito David Barron.

Mientras, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se expresó a favor de la designación del panel. 

Afirmó que, de acuerdo al más reciente informe de la monitor federal de este caso, Kimberly Tandy,  el ELA ha incumplido con numerosas disposiciones relacionadas con la seguridad y salud mental de los jóvenes participantes.

“Como observó el Tribunal, ‘No hay un final a la vista a menos que este Tribunal de Distrito de Estados Unidos intervenga inmediatamente para proporcionar un remedio adecuado”, expuso Richard Goeman del Departamento de Justicia federal.

Planteó que la acción de la Corte ha hecho que el ELA busque nuevos recursos para remediar su falla anterior en brindar servicios adecuados de tratamiento de salud mental. 

“Y si la suma total de estos esfuerzos da como resultado mejoras en los resultados de salud mental de los jóvenes, son todos esos factores que el tribunal de tres jueces tal vez desee considerar para determinar si estos esfuerzos constituyen un remedio adecuado a las condiciones inconstitucionales actuales”, destaca la moción.

En el 1994 la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal demandó al gobierno de Puerto Rico por violar los derechos constitucionales de los jóvenes bajo la custodia de esa agencia.