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El designado secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres (izq.) y el jefe de la Fiscalía federal en la Isla, Stephen Muldrow, coincidieron en la rueda de prensa. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

 

 
 

Lo que se inició como una investigación debido al aumento en la cantidad de decesos por sobredosis de drogas en el área oeste culminó con el arresto de miembros de una pandilla de narcotraficantes que operaba en residenciales públicos de Mayagüez y que generó ganancias de $5 millones.

Diez de los 30 miembros de la organización criminal habían sido acusados en el foro federal en 2010 y extinguieron sentencias de cárcel por trasiego de sustancias controladas.

“En 2017, la División de Homicidios de la Policía de Puerto Rico informó de un aumento sustancial de muertos por sobredosis de drogas en el área oeste de Mayagüez. Partiendo de la inteligencia, nuestra oficina (Agencia Antidrogas federal, DEA) en Mayagüez comenzó a investigar y a identificar a Carmelo Ramírez Polidura como suplidor de una organización violenta de narcotráfico”, señaló el director de la DEA en la Isla, A.J. Collazo, durante una rueda de prensa.

“Esta organización se dedicaba a la venta de cocaína, crack, marihuana y heroína mezclada con fentanilo”, agregó.

Complejos donde operaban

Los complejos de vivienda pública donde operaba el grupo son Manuel Hernández Rosa, mejor conocido como Candelaria; Rafael Hernández (conocido como Kennedy); El Carmen, así como otras áreas de Mayagüez.

El jefe de la Fiscalía federal, Stephen Muldrow, indicó que el grupo enfrenta cargos por conspiración para poseer y distribuir crack, heroína, cocaína y marihuana.

Veintiséis integrantes de la pandilla eran vendedores y cuatro suplidores.

La acusación alega que, como parte de la conspiración, los integrantes de la ganga establecieron puntos de droga que movían dentro de diferentes áreas de los residenciales para evitar ser detectados por la Policía.

Los puntos operaban durante el día y la noche y en ocasiones las 24 horas del día.

Muldrow destacó que los acusados habitualmente poseían, portaban y usaban armas de fuego para protegerse a sí mismos y a la organización.

Algunos de los vendedores tenían acceso a diferentes vehículos y escondían los narcóticos para luego venderlos.

Los acusados enfrentan un mínimo de 10 años de cárcel hasta cadena perpetua.

El caso está a cargo de la fiscal Myriam Fernández, quien dirige la división de recuperación de activos y lavado de dinero, y la fiscal Linet Suárez.

Además de los agentes de la DEA, también participaron en el operativo el Strike Force de Mayagüez y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).