Juez Francisco Besosa

Besosa afirmó que los demandantes no pudieron demostrar que el Tribunal Federal tenga jurisdicción sobre las reclamaciones.

Por entender que no tiene jurisdicción, el juez federal Francisco Besosa desestimó sin perjuicio la demanda incoada por un grupo de residentes de Cataño contra el abogado John Nevares, quien los representó en un pleito de clase contra la desaparecida refinería Caribbean Petroleum Corporation (Capeco).

Los demandantes alegan que el letrado se enriqueció injustamente al utilizar en gastos regulares de su oficina parte del dinero que tenía que ser reembolsado a estos.

La desestimación sin perjuicio significa que los demandantes pueden tratar de demandar de nuevo.

En su orden, Besosa afirma que los demandantes no pudieron demostrar que el Tribunal Federal tenga jurisdicción sobre las reclamaciones.

Los demandantes alegaban que los letrados incurrieron en incumplimiento de contrato y de su deber fiduciario, obstinación y enriquecimiento injusto.

En la madrugada del 23 de octubre de 2009, explotaron 21 de 40 tanques de la refinería. Aunque no hubo víctimas fatales, esto obligó el desalojo de un millar de personas y hubo consecuencias para la salud de los vecinos de Cataño, así como daños estructurales en sus residencias.

Los demandantes alegaban que Nevares estaba obligado a reembolsarles, producto del acuerdo con Capeco. Los residentes indicaron que el abogado, de forma “impropia e irrazonable”, utilizó el dinero producto del acuerdo para reembolsarse a sí mismo y pagar los gastos regulares de oficina como el salario de los empleados, por investigación legal, libros, etc., lo que calificó como gastos relacionados al litigio.

Besosa expresó en la orden que los demandantes no satisfacen el requisito de controversia de cantidad establecida por la Ley de Justicia de Acción Colectiva (CAFA, por sus siglas en inglés), que permite a los tribunales federales presidir ciertas acciones colectivas bajo la jurisdicción de diversidad de ciudadanía en las cuales el monto total en controversia excede los $5 millones y la clase comprende al menos 100 demandantes, entre otros.

El juez destacó que los demandantes afirmaban que para cada uno de sus reclamos los daños debían exceder la suma de $5 millones.

“Esos reclamos, sin embargo, no satisfacen el requisito de controversia de cantidad de CAFA. Los demandados señalan que en otro procedimiento representaron ante ese foro que la cantidad máxima de dinero en reclamaciones era de $607,356. En apoyo a sus planteamientos, los demandados adjuntan una transcripción de la deposición y una moción del procedimiento relacionado… los demandantes no disputan esta cifra, ni demuestran que el monto en cuestión sea superior a $607,356.40”, señala la orden.

Indica que estos hacen una serie de cálculos hipotéticos para llegar a la conclusión de que, si cada uno de los 3,000 demandantes recibe $1,667.67 por sus daños, se cumpliría con el monto en controversia.

“Suponiendo que para el propósito de los reclamos de los demandantes asociados con un acuerdo inapropiado satisfacen los requisitos de alegación, las reclamaciones no cumplen con el requisito de monto en controversia. Un tercio de $12,970,000 es $4,323,333.33, sumar esa cantidad y $607,356.40 suma $4,930,690.73, dejando a los demandantes aun por debajo del requisito de controversia que es de $5 millones”, expresa la orden.

En una orden anterior, Besosa cuestionó la ética de varios de los abogados que llevaron el pleito de clase contra Capeco porque solo algunos de los perjudicados recibieron los pagos y no conocían detalles de la transacción.