Abel Nazario

Un gran jurado federal radicó una nueva acusación contra el senador Abel Nazario y otras siete personas por un presunto caso de empleados fantasmas cuando se desempeñó como alcalde de Yauco en el que se malversaron sobre $5 mil y que fueron desviados para pagar la campaña política del exejecutivo municipal, informó la fiscalía federal en un comunicado de prensa.

Los acusados fueron identificados como Edwin Torres Gutiérrez, Claribel Rodríguez Canchani, Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vergara, Ramón Martes Negrón, Juan Rosario Núñez y Eric Rondón Rodríguez.

“Todos eran empleados irregulares pagados por el municipio de Yauco y que nunca se presentaron a trabajar o se presentaron esporádicamente”, señala el escrito.

La portavoz de prensa de la fiscalía federal, Lymarie Llovet explicó que la cantidad de $5 mil es el mínimo que establece el estatuto para ser acusados. Los $5 mil no representan la cantidad total del alegado robo. Próximamente, se informará la cantidad exacta.

De acuerdo al pliego acusatorio, el grupo enfrenta un solo cargo: robo o soborno en relación con un programa que recibe fondos federales.

El esquema fue descubierto durante una auditoría de rutina de la Oficina del Contralor de Puerto Rico en agosto de 2016 en los registros del ayuntamiento.

“Durante los años 2014 hasta 2016, los acusados conspiraron y acordaron entre ellos malversar, robar, obtener por fraude o, de otra manera, sin autorización convertir al uso de cualquier persona que no sea el propietario legítimo, o mal aplicar intencionalmente, propiedad valorada en más de $5,000 que era propiedad o estaba bajo el cuidado y la custodia de la Municipalidad de Yauco. Todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 371 y 666 (a) (1) (A)”, reza la acusación.

Se alega que el propósito de la conspiración fue que Nazario Quiñones, con la asistencia de los acusados Torres Gutiérrez y Rodríguez-Canchani, pagó a los coacusados Pagán Sánchez, Ortiz Vegara, Martes Negrón, Juan Rosario Núñez y Rondón Rodríguez de fondos municipales para trabajar en la campaña senatorial del acusado Nazario Quiñones. Un propósito adicional era que los empleados irregulares brindaran asistencia a las campañas de otros políticos del partido cuyo apoyo Nazario Quiñones necesitaría para ganar las elecciones al Senado y para un intento posterior de convertirse en Presidente del Senado.

Según la acusación, el acusado Nazario Quiñones firmó numerosos contratos de trabajo irregulares para los acusados Pagán Sánchez, Ortiz Vegarra, Martes Negrón, Rosario Núñez y Rondón Rodríguez.

“La justificación que figura en cada contrato era 'Necesidad de Servicio'. La oficina que figura en cada contrato era 'Oficina del Alcalde'. El supervisor inmediato que figuraba en cada contrato era el acusado Torres Gutiérrez, quien instruyó a estos empleados irregulares para que se reportaran al Municipio una vez por semana o una vez al mes. Después de enterarse de que el municipio estaba bajo investigación, Torres Gutiérrez ordenó a los empleados que se reportaran al Municipio dos veces a la semana o dos o tres veces al mes y luego los enviaron a diferentes oficinas dentro del municipio”, señala el pliego.

Los acusados Pagán Sánchez, Ortiz Vegara, Martes Negrón, Rosario Núñez y Rondón Rodríguez asistieron a reuniones en el edificio anexo del municipio con Nazario Quiñones y Torres Gutiérrez para hablar sobre la campana política para justificar el cobro de sus cheques.

“Estos cinco empleados irregulares completaron esporádicamente los registros de asistencia y cuando lo hicieron, Torres Gutiérrez les indicó que simplemente los firmaran y dejaran en blanco las horas trabajadas”, indica el pliego.

Nazario Quiñones ordenó a los acusados Torres Gutiérrez y Rodríguez Canchani que le informaran por escrito o verbalmente a los empleados del Departamento de Recursos Humanos a procesar la nómina de los cinco empleados fantasmas, a fin de respaldar el pago de los salarios.

Se alega que Rodríguez Canchani ordenó al menos a un empleado del Departamento de Recursos Humanos que la ayudara a crear registros de asistencia y luego manipuló las hojas creadas falsamente “de tal manera que parecieran viejas”.

Los acusados enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión y una multa que no excederá los $250 mil.

El caso está a cargo de Scott Anderson. El mismo fue investigado por la Contraloría de Puerto Rico, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

"Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, nuestra oficina continuará buscando agresivamente a individuos corruptos en el gobierno que defrauden a sus electores", dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow. "Esta acusación sirve como una advertencia a otros funcionarios públicos involucrados en este tipo de esquemas de que serán castigados, y como una promesa a los contribuyentes de que no se tolerarán tales violaciones de la confianza pública”, agregó.

Entretanto, el director del FBI Douglas Leff, agradeció a las agencias investigadoras e instó al público a informar la comisión de delitos a comunicarse en Tips.FBI.gov y 787-754-6000.

"La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos investiga las denuncias de apropiación indebida grave de fondos federales. Nos gustaría agradecer a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y las Oficinas del Inspector General de la Administración del Departamento de Educación y Seguridad Social de los Estados Unidos por su apoyo y asistencia en esta investigación ", dijo Michael C. Mikulka, agente especial a cargo, de la Región de Nueva York, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

“Una vez más vemos los resultados de los esfuerzos coordinados entre las agencias federales y la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Para el pueblo de Puerto Rico, queremos hacerles saber que tienen la certeza y la seguridad de que la Oficina del Contralor permanece siempre vigilante en el uso apropiado de la propiedad del gobierno y los fondos públicos. Continuaremos colaborando con las diferentes entidades supervisoras en la lucha contra la corrupción ”, dijo la contralora Yesmín M. Valdivieso.