Rosa Emilia Rodríguez

De izquierda a derecha, el director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff: la jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez y el fiscal encargado del caso, Seth Erbe.

Un empresario indio, identificado como Gopalkrishna Pai, fue arrestado ayer por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) tras imputársele un amplio esquema fraudulento ascendente a $98 millones, según dio a conocer la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez.

Los cargos por los que se le acusan son lavado de dinero, conspirar para cometer fraude electrónico y bancario y robo de identidad agravado.

Pai —quien cuenta con ciudadanía estadounidense— es propietario de la empresa F9 Advertising LLC (F9), una firma de responsabilidad limitada con ánimo de lucro.

La compañía está cobijada bajo la Ley 20-2012, estatuto que ofrece a las empresas que se establezcan u obtengan autorización para hacer negocios en Puerto Rico la oportunidad de conseguir un decreto de exención contributiva para exportar servicios desde la Isla.

Trasciende de la investigación que el comerciante —quien fue detenido ayer en Texas— se aprovechó de estos beneficios tributarios para desarrollar prácticas ilícitas.

A través de la compañía vendía productos de belleza y cuidado personal por internet utilizando un modelo de mercadeo de opción negativa (“negative option marketing”).

“Este modelo es una categoría de transacciones en la que los vendedores interpretan el hecho de que un cliente no tome una acción afirmativa —ya sea para rechazar una oferta o cancelar un acuerdo— como consentimiento para cobrar por los bienes o los servicios”, informó Rodríguez durante la rueda de prensa.

La jefa de la Fiscalía federal agregó que desde mayo de 2014 hasta octubre de 2018, Pai conspiró, ideó y participó en un plan para estafar a varios procesadores comerciales y a otros mediante el envío de información falsa y documentación falsificada para crear cuentas comerciales a nombre de compañías fantasmas. Todo esto para procesar tarjetas de crédito y pagos electrónicos para enriquecerse ilegalmente.

Más de 100 compañías fantasmas

El empresario creó más de 100 empresas fantasmas para facilitar el procesamiento de alrededor de $98 millones en ingresos brutos en ventas por internet, de los cuales generó $7 millones en ganancias, según se informó durante la conferencia.

Además, para cada compañía fantasma el acusado tuvo un número de identificación patronal y documentación del Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés) y abrió cuentas bancarias comerciales individuales, todas bajo su control.

Luego se crearon documentos falsos y se enviaron a los procesadores comerciales, que son empresas que prestan servicios a otras compañías para procesar pagos electrónicos, incluidos, entre otros, los pagos con tarjeta de crédito. Estas empresas incluyen a Humboldt Merchant Services (Humboldt); Paysafe Group Limited (Paysafe); Global Merchant Advisors (Global) y Merchant Payment Acceptance Corp. (PayKings).

El acusado ejecutó el esquema falsificando registros bancarios, documentos del IRS, entre otros, para evitar que los procesadores comerciales e instituciones financieras involucradas tuvieran conocimiento de quién era el verdadero propietario de estas empresas fantasmas.

“Esta persona se aprovechó de Puerto Rico y la Ley 20 para crear una empresa para generar ingresos significativos a través de un esquema fraudulento basado en mentiras y documentos falsificados”, acotó Rodríguez.

“Vulnerable al lavado de dinero”

Según el director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, el País es “vulnerable” al lavado de dinero por varias razones, entre ellas su posición geográfica y la ausencia de un “sinnúmero de agencias federales que normalmente monitorean las instituciones financieras”.

De igual forma, la existencia de leyes únicas en Puerto Rico, como la Ley 20, aumentan este tipo de vulnerabilidad.

Este es el primer esquema de fraude en la Isla sobre el referido estatuto. No obstante, Leff no descartó que se puedan detectar más.

Los cargos

Contra el comerciante pesan específicamente 34 cargos por conspirar para cometer fraude electrónico y bancario, 19 cargos por fraude electrónico, cinco por robo de identidad agravado y nueve por lavado de dinero.

De ser encontrado culpable, el acusado se expone a 20 años de cárcel y a dos años por cada cargo de robo de identidad agravado.