PUA

>Suministrada

La abogada Sonia I. Torres Pabón, quien asumió la representación legal de la telerreportera Ivette Sosa y de su hijo Ignacio Marchán Sosa, confirmó a EL VOCERO que se había comunicado ayer con la Fiscalía para ponerse a disposición en la investigación del supuesto fraude cometido por el vástago de la periodista contra el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) a causa del Covid-19.

Torres Pabón y el licenciado Juan Carlos Fontánez Nieves sostuvieron que era incorrecto que la cuenta en la sucursal del Banco Popular de Las Cumbres, donde según la querella se depositó el cheque por $6,726 que expidió el Departamento del Trabajo a favor de Marchán Sosa, fuera mancomunada. No abundaron a nombre de quién está la cuenta, la cual será allanada por las autoridades como parte del proceso de obtención de pruebas para la eventual radicación de cargos.

Según la abogada Torres Pabón, la reportera Sosa “no tiene nada que ver con los hechos”. Agregó que el cheque no se depositó en una cuenta de ella.

Sosa comunicó en la mañana de ayer a EL VOCERO, mediante mensaje de texto, que “la información que publicaste no es correcta. Según te he dicho en varias ocasiones, no puedo emitir comentarios. Por lo tanto, no me resta más que referirte a mi abogada, la Lcda. Sonia Torres para cualquier otro asunto. Te recuerdo que publicar información falsa constituye delito”.

Torres Pabón y Fontánez Nieves no habían visto la querella, de la cual este medio le suministró una copia.

La querella fue radicada a las 2:00 p.m. del lunes por una funcionaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), en la que se señala la presunta comisión de los delitos de falsas apariencias, timo y estafa contra el joven Marchán Sosa, de 18 años.

Los supuestos delitos tienen el agravante de que se trata de fondos públicos, lo que evitaría una condena en probatoria de eventualmente ocurrir una convicción.

Según la querella, Marchán Sosa se benefició fraudulentamente al recibir un cheque por $6,726 del PUA. El cheque presuntamente fue depositado en una cuenta en la sucursal del Banco Popular, en Las Cumbres, en una fecha no especificada en el documento.

La investigación continuó avanzando ayer y, según las fuentes, ya se ha levantado suficiente prueba para radicar cargos. Entre la evidencia recopilada estaría la solicitud de beneficios al programa que supuestamente realizó Marchán Sosa, como presunto desempleado.

El nombre de Marchán Sosa salió a la luz cuando las madres de dos menores —estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola— fueron al Departamento del Trabajo a devolver los cheques por $7,458 y $6,126 que recibieron sus hijos. Esos cheques están en manos de las autoridades.

Cuando los cheques fueron devueltos, surgió la información de que alrededor de 30 estudiantes de San Ignacio, entre ellos Marchán Sosa, habrían solicitado fraudulentamente los beneficios del PUA y cambiado o depositado los cheques.

Respecto a los otros estudiantes, la investigación avanza lentamente y no se ha entregado un requerimiento al colegio —que fue firmado hace prácticamente tres semanas por el fiscal Emmanuel Santiago— para obtener oficialmente los nombres de los alumnos sospechosos y cotejarlos con la lista de cheques emitidos por el DTRH, cumpliendo con requisitos legales para la eventual radicación de cargos.