Ecolift

El propietario de Ecolift, Ernesto DiGregorio. 

El propietario de Ecolift, Ernesto DiGregorio, y la empresa, demandaron en el Tribunal Federal a la exjefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, al fiscal Edward Veronda y a un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por procesamiento criminal malicioso, registro e incautación ilícita.

DiGregorio fue acusado en dos casos criminales por fraude en el foro federal. 

En el primero se alegaba que el empresario había participado en un esquema de fraude de $7,704,636 en la venta de un helicóptero al Departamento de Salud para ser utilizado como ambulancia aérea. DiGregorio enfrentó el juicio en su contra y el 18 de marzo de 2020 un jurado lo absolvió de todos los cargos.

En el segundo caso se alegaba que DiGregorio participó en un esquema de fraude en la venta de cuatro helicópteros al gobierno de Puerto Rico para ser utilizados por la Policía de Puerto Rico. En este caso, la Fiscalía federal pidió la desestimación de los cargos. En ambos casos, DiGregorio fue representado por el abogado Francisco Rebollo.

La demanda, radicada por la abogada Bamily López Ortiz, afirma que durante cinco años DiGregorio vivió bajo la sombra de la acusación, su libertad fue restringida, su reputación personal y su negocio fueron destruidos y tuvo que pagar sustanciales honorarios para defenderse.

“Los cargos contra DiGregorio fueron maliciosos y vengativos, basados en mentiras, omisiones materiales, errores de derecho y hechos y pruebas obtenidas ilegalmente”, reza el recurso legal.

El demandante alega que en el registro e incautación de documentos efectuado el 11 de septiembre por parte del ICE, se llevó a cabo de forma ilegal.

Se alega que los fiscales autorizaron que se presentara al gran jurado evidencia que había sido obtenida de forma ilegal y constitucionalmente defectuosa.

Asimismo, el demandante alega que el Departamento de Seguridad Nacional suspendió indefinidamente a Ecolift del programa de adquisiciones del gobierno. 

En consecuencia, Ecolift fue eliminado del Sistema de Adjudicaciones, que permite a las agencias gubernamentales y contratistas buscar una empresa de este tipo.

De igual forma, alega el mal uso y manipulación del proceso judicial por parte de los demandados y conspiración para violar sus derechos constitucionales.

“Los demandados formaron esta conspiración después de que se presentaran las mociones para suprimir la evidencia recuperada de Ecolift denunciando las escandalosas violaciones constitucionales en el alcance y ejecución de las órdenes de registro, incluida la revisión corrupta de las comunicaciones privilegiadas abogado-cliente… Las acciones denunciadas ocasionaron daño a los demandantes”, afirma el escrito.

EL VOCERO solicitó una reacción a la Fiscalía federal y espera por una respuesta.