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Unos 5,000 empleados federales, cuyas agencias pertenecen al programa High Intensity Drug Trafficking Area (Hidta), recibirán la vacuna contra el Covid-19 durante la fase 1B, que incluye a agentes de ley y orden y personal de apoyo.

“Son unos 5,000 empleados. El número puede variar porque hay agencias que han hecho cambios”, afirmó a EL VOCERO el director ejecutivo de Hidta, Samuel Santana, en compañía de la gerente de proyectos de esa agencia y exsuperintendente de la Policía, Michelle Hernández.

Las agencias que pertenecen a Hidta son el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia federal Antidrogas (DEA), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Guardia Costera, los Alguaciles Federales, el Servicio de Rentas Internas federal (IRS), la Fiscalía federal y el Departamento de Justicia federal, a través de la corte.

Hernández indicó que el programa coordina la vacunación de los empleados federales de ley y orden y su personal de apoyo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud de Puerto Rico.

“Ese esfuerzo es parte de la fase 1B y nuestra tarea fue hacerles el acercamiento a todas estas agencias federales que son parte del programa Hidta, recopilar los datos de los empleados para entregárselos a la Guardia Nacional (GN), para ellos hacer un plan de trabajo de cómo van a trabajar. No son todas las agencias federales, son las que pertenecen al programa de Hidta y no es solamente el agente de ley y orden, sino también el personal de apoyo que trabaja en esas oficinas”, precisó Hernández.

Un proceso voluntario

Santana destacó que la vacunación es voluntaria. Comentó que la GN le notificó preliminarmente que el proceso de vacunación para los empleados federales iniciaría después del 23 de diciembre.

Destacó que otras agencias federales en Puerto Rico que son pequeñas como la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal, entre otras, hicieron la coordinación directamente con sus oficinas centrales en Washington.

Por su parte, la secretaria del Tribunal Federal, María Antongiorgi, señaló que el 85% del personal solicitó vacunarse.

“Eso no quiere decir que el 15% no se va a vacunar. Tenemos empleados que están casados con miembros de otras agencias y se van a vacunar con los grupos de esas agencias. Por ejemplo, tenemos oficiales jurídicos que están casados con fiscales federales y estos se van a vacunar con el grupo de Fiscalía”, detalló.

Comentó que el Tribunal Federal puso a disposición sus instalaciones para vacunar a los empleados federales. Sobre el particular, Santana y Hernández indicaron que le corresponde a la GN dar el visto bueno.

Antongiorgi destacó que el hecho de que los empleados federales estén vacunados no significa que el tribunal dejará de implantar los protocolos de seguridad que tienen hasta el momento.

“Por el contrario, siguiendo las guías del CDC esos protocolos dicen que aun después de vacunados tenemos que seguir cumpliendo con los protocolos, el distanciamiento social, uso de mascarillas, lavarse las manos y utilizar el ‘hand sanitizer’. Eso no va a dejar de existir por el hecho de que tengamos una población que esté vacunada. Para aquel que no esté vacunado, el tribunal va a seguir funcionando con los mismos protocolos estrictos de seguridad. Los visitantes tienen que utilizar mascarilla en todo momento y se les toma la temperatura”, acotó.

Antongiorgi comentó que en las salas se han instalado paneles de plexiglass y se han asegurado de que en cada área de la corte federal haya distanciamiento social.

Manifestó que se va a seguir evaluando la celebración de las vistas virtuales, tomando en consideración las directrices del gobierno y del CDC, así como los casos de Covid-19 en la Isla.

“A base de eso tomaremos la determinación de si seguimos remoto. Hasta ahora seguimos remoto hasta el 7 de enero. Ya para esa fecha evaluaremos conforme a los criterios. Si Puerto Rico logra bajar la incidencia de Covid y no hay un riesgo significativo para la comunidad, pues nos moveremos a un sistema que inicialmente sea híbrido conforme a nuestro plan, unas vistas presenciales y otras remotas. Implantaremos el plan de la corte, que tiene cuatro fases, hasta lograr la reapertura en el 2021”, anticipó la funcionaria.