Arrestan al alcalde de Sabana Grande

El exalcalde de Sabana Grande, Miguel “Papín” Ortiz Vélez, fue acusado por un gran jurado federal por defraudar al Departamento de Educación en un esquema de contratos ascendente a 2.9 millones de dólares. 

El exalcalde de Sabana Grande, Miguel “Papín” Ortiz Vélez, acusado por participar en un esquema de fraude de $2.9 millones en relación a propuestas falsas al Departamento de Educación, determinó enfrentar el juicio en su contra, trascendió hoy durante una vista de status del caso ante el juez federal Pedro Delgado.

Hace unos meses, el juez señaló el juicio para el 9 de marzo del 2020.

Delgado acogió la petición del abogado del acusado Juan Matos para radicar las mociones dispositivas no más tarde del 30 de noviembre.

La próxima vista de status fue pautada para el 6 de diciembre.

El ex ejecutivo municipal fue acusado por un gran jurado por robo de dinero federal, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, dos cargos sustantivos por fraude al correo y uno por lavado de dinero. También enfrenta dos cargos de confiscación para un total de $2,904,920.

De acuerdo al ministerio público, Ortiz Velez se aprovechó de su posición de alcalde para defraudar al gobierno federal en un esquema de contratos ascendentes a $2.9 millones, el cual se inició en febrero de 2013 hasta enero de 2015.

Se alega que el esquema en el que participó Papín está relacionado a uno por el que se declaró culpable el contratista Irving Riquel Torres Rodríguez.

Torres Rodríguez también hizo alegación de culpabilidad en el caso por el que fue acusado el exsecretario de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta, a quien se le imputa participar defraudar en cerca de $10 millones al Departamento de Educación.

Según la acusación, Ortiz Vélez se reunió con Torres Rodríguez y otras personas no incluidas en la acusación y conspiraron para obtener fondos federales de los departamentos de Educación estatal y federal, pero de forma fraudulenta.

Los fondos se obtuvieron a base de declaraciones falsas sobre la capacidad que tenía el ayuntamiento para realizar las actividades y el alcance de las actividades sujetas a las propuestas.

Las ganancias de estos fraudes se distribuyeron entre el municipio de Sabana Grande y la compañía Administrative Environmental and Sports Conultants (AESC), compañía de Torres Rodríguez.

El pliego acusatorio indica que Ortiz Vélez subcontrató a la compañía AESC y a la “Compañía F”, -no identificada- para la financiación y administración completa de los proyectos sin el conocimiento ni el consentimiento del Departamento de Educación.

Se alega que AESC financió y administró el proyecto para la “Compañía F”, con un acuerdo de que todas las ganancias se dividirían en un 40% para AESC y un 60% para la “Compañía F”.

Como resultado, Ortiz Vélez obtuvo ganancias netas para AESC y “Compañía F”.

Para el primer proyecto, “Verano Educativo”, AESC obtuvo aproximadamente $549,286.10 en ganancias netas y el municipio de Sabana Grande obtuvo ingresos netos de unos $363,686.40. Esto a pesar de que el costo real del proyecto fue de $221,747.50.

Para el segundo proyecto, “Desarrollo Continuo”, el municipio de Sabana Grande, la “Compañía F” y AESC dividieron más de $900 mil en ganancias netas del contrato con Educación.

El municipio obtuvo ingresos netos de $391,988 y AESC una ganancia de $375,449.78. La “Compañía F” obtuvo una ganancia neta de $563,174.67, esto a pesar de que el costo real del proyecto era de unos $439,587.55.

La fiscalía alega tener evidencia de que Ortiz Vélez recibió el dinero ilegal a la mano.

Los servicios por los que se contrató a AESC, se proveyeron.

Ortiz Vélez se enfrenta a entre 10 a 20 años de prisión.