Edgardo Vázquez

Edgardo Vázquez Morales, exayudante del otrora titular del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

La defensa de Edgardo Vázquez Morales, exayudante del otrora titular del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta —acusado por participar en un esquema de fraude en $10 millones a los departamentos de Educación y Vivienda— solicitó al juez federal Pedro Delgado que lo sentencie a probatoria y/o confinamiento domiciliario, a servicio comunitario y a restituir $5,000.

En un memorando de sentencia radicado por el abogado Manuel San Juan, argumentó que su cliente fue el primero de los acusados en hacer alegación de culpabilidad y de cooperar con las autoridades federales en este caso. Ello, tras llegar a un acuerdo con el fiscal Seth Erbe.

“Orta incorporó a Edgardo en la conspiración y le ordenó que realizara una serie de actos delictivos para promover su plan. Queriendo complacer a su jefe y haber perdido su brújula moral en medio de las ambiciones de sus coacusados (Vázquez Morales) aceptó participar”, reza el documento en el que destaca que por su participación Orta le dio unos $15 mil.

Vázquez Morales, de 57 años, hizo alegación de culpabilidad el 12 de febrero de 2018 por dos cargos de conspiración, uno por robo de fondos federales y uno por soborno.

Los restantes cargos: robo de identidad agravada y lavado de dinero, serán desestimados el 13 de enero de 2020, día que fue señalada la vista de sentencia.

San Juan planteó que su cliente fue el primero de los acusados en cooperar con el ministerio público.

“En 2017, después de su salida del DRD los agentes federales se le acercaron. Tras consultar con su abogado, les confesó su participación en la conspiración y les proporcionó asistencia legal en su investigación y procesamiento del caso. Entre otras cosas, dio información veraz y completa durante varios interrogatorios, testificó ante el Gran Jurado que posteriormente, lo acusó a él y a otros coacusados y fue el primero en aceptar públicamente su responsabilidad”, indica el escrito.

Actualmente, el exfuncionario trabaja como entrenador en el Programa de Tenis de Mesa en el Albergue Olímpico.

“Ha dado grandes pasos para reconstruir su vida y convertirse en un mejor ser humano. Está dedicado a su familia, su iglesia y los jóvenes atletas que entrena”, expresa el documento.

Expuso que como parte del acuerdo el ministerio público iba a solicitar una sentencia de 87 meses de cárcel. Destacó que, sin embargo, Orta, quien fue el jefe del DRD y principal acusado, tiene un acuerdo en el que la Fiscalía solicitará una pena de 18 meses de prisión.

Observó que el jefe de la Fiscalía Federal Stephen Muldrow, ha solicitado en múltiples ocasiones a personas vinculadas a actos delictivos a cooperar con las autoridades y decir la verdad, lo mismo es lo que hizo su representado.

Expuso que una sentencia en prisión lo expondría al Covid-19.

De acuerdo al pliego acusatorio, Vázquez Morales y Orta recibieron pagos de soborno en efectivo que presuntamente le hizo el coacusado, Juan Carlos Ortiz Nieves, creador y propietario de Sports Consultants. 

En este caso fueron acusados además Oscar Rodríguez Torres, fundador y dueño de Rosso Group; Juan Carlos Ortiz, propietario de Sports Consultants; el contador público autorizado y contratista Miguel Sosa Suárez; Irving Torres Rodríguez, quien era presidente de Administrative Enviromental and Sports Consultants Corp., y su esposa Cecilia Amador López. 

Según el pliego, los acusados utilizaron las ganancias de las transacciones ilegales para crear empresas, abrir cuentas bancarias, recibir y realizar transacciones monetarias, pagar “kickbacks” y pagar gastos de otros coconspiradores como mejoras al hogar y pagos de autos.

Orta utilizó su posición como secretario del DRD para solicitar fondos federales de Educación y la Administración de Vivienda Pública, utilizando información falsa sobre la capacidad de su departamento para llevar a cabo las actividades sujetas a las propuestas. Orta firmó contratos entre el DRD y la compañía Rosso, sin que esta empresa entablara un proceso de licitación o evaluación para los servicios prestados en virtud de contratos con el DE y Vivienda.