Rosa Emilia Rodríguez

La ex directora regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Ahsha Tribble; el expresidente de Cobra Aquisitions, Donald Keith Ellison; y Jovanda Patterson, exempleada de FEMA, fueron arrestados por participar en un esquema de fraude por más de $1.8 billones en dos contratos a Cobra para levantar el sistema eléctrico tras el paso de los huracanes Irma y María.

Los acusados enfrentan 15 cargos. Estos son: conspiración para cometer soborno, fraude en los servicios honestos, fraude de fondos federales para desastres, violaciones a la Ley de Viajes, declaraciones falsas, conflictos financieros personales y fraude electrónico.

Los acusados Tribble y Ellison enfrentan un cargo de confiscación.

Durante una rueda de prensa, la fiscal Rosa Emilia Rodríguez indicó que entre octubre de 2017 y abril de 2019, Tribble y Ellison desarrollaron una relación “estrecha” en la que el segundo le proveyó a la primera objetos de valor para influenciar a la exfuncionaria a que tomara acciones afirmativas para que Cobra obtuviera el contrato para restablecer el servicio eléctrico.

Sobre el particular, Rodríguez precisó que Tribble y Ellison “viajaban juntos, se quedaban en el mismo cuarto en hoteles…en ese sentido a buen entendedor pocas palabras”.

“La señora tenía una posición tan alta en FEMA y por sus actos fue teniendo más autoridad y tenía a cargo todo lo que tenía que ver con la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica). Lo que ella decía era ley…los empleados insistían en que podían hacer los trabajos, pero se le daba a Cobra”, expresó Rodríguez.

Mientras, la fiscal Myriam Fernández señaló que cuando se registró una explosión en Monacillos para octubre de 2018, Tribble presionó para que se utilizara a Cobra a pesar de que la AEE tenía los empleados pero, se utilizó a los de Cobra.

Indicó que Tribble proveía información a Cobra para beneficiarlo en el otorgamiento de los contratos.

Aclaró que, al momento, ningún directivo de la AEE está involucrado en este caso.

Los acusados se exponen a sentencias de entre cinco años por la conspiración, la Ley de Viajes, conflicto de interés y declaraciones falsas y 30 años por fraude por los servicios honestos.

Los acusados tienen que viajar próximamente a Puerto Rico para comparecer a la vista de lectura formal de cargos.