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Tres de los siete policías acusados por corrupción y que fueron arrestados en la madrugada de ayer por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) permanecerán ingresados en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés), hasta el jueves cuando se celebra la vista de fianza.

El grupo compareció a la vista inicial y a la vista de lectura formal de cargos ante la magistrada federal, Camille Vélez Rivé.

Quedaron en libertad bajo fianza los oficiales Eidderef Jhave Ramos Ortiz (apodado como “Baby”), Christian Rodríguez Cruz, Eric Velázquez Martínez y Marcelino Pérez de Jesús. A estos se les impuso una fianza de $5,000.

Cuatro de los siete agentes fueron acusados en un solo pliego. Mientras que los restantes uniformados, enfrentan cargos en acusaciones por separado.

En la primera acusación, incluye a Ramos Ortiz, Rodríguez Cruz, Velázquez Martínez y Juan Carlos Ortiz Vázquez.

Ramos Ortiz enfrenta 11 cargos por posesión con la intención de distribuir marihuana mientras portaba su arma de reglamento. Asimismo, Ortiz Vázquez fue acusado de seis cargos por posesión con la intención de distribuir marihuana mientras portaba su arma de fuego.

Mientras que Rodríguez Cruz y Velázquez Martínez fueron acusados de un cargo: poseer con la intención de distribuir marihuana portando un arma de fuego.

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a un máximo de cinco años de prisión por la marihuana y hasta cadena perpetua por el uso del arma de fuego.

De otro lado, la segunda acusación pesa contra el policía José García Hernández, quien enfrenta un cargo por poseer con la intención de distribuir marihuana en el pueblo de Vega Baja. García Hernández también se expone a un máximo de cinco años de cárcel por el cargo relacionado al trasiego de drogas y hasta cadena perpetua por el uso del arma de fuego.

El tercer pliego es contra José “El Mudo” De Jesús Rivera, a quien se le imputa poseer con la intención de distribuir Tramadol.

Se alega que el 25 de abril de 2016, De Jesús Rivera portaba su arma de reglamento durante la comisión del delito relacionado al narcotráfico. También enfrenta un cargo por poseer con la intención de distribuir Tramadol a mil pies de la escuela Brígida Álvarez Rodríguez en Vega Baja. Este se expone a penas de entre 20 años de cárcel a cadena perpetua.

La cuarta acusación es contra Marcelino Pérez De Jesús, quien enfrenta dos cargos por la venta de un arma de fuego y municiones a un reincidente. Se alega que para el 5 de julio del año pasado, Pérez De Jesús “a sabiendas” le vendió a un convicto una pistola Smith and Wesson, calibre nueve milímetros.

Además, el 20 de julio presuntamente le vendió 50 municiones para una pistola Glock, calibre .40. De Jesús se expone a un máximo de diez años de prisión.

Robaban drogas confiscadas

El portavoz de prensa del FBI, Carlos Osorio indicó que en algunos casos, los agentes robaban los narcóticos confiscados en operativos para venderlos posteriormente. Asimismo, fabricaban información para intervenir con ciudadanos de forma injusta.

Los arrestos se efectuaron en los pueblos de Bayamón, Caguas, Vega Baja, Camuy y Aguas Buenas.

La mayoría de los agentes estaban adscritos a la división de Drogas y Armas. En el pasado, varios agentes que han estado adscritos a esta división han sido investigados y posteriormente acusados por corrupción.

Desde 2014, el monitor federal, Arnaldo Claudio, ha incluido en sus informes sobre la Reforma de la Policía, los continuos problemas estructurales y operacionales de este grupo de trabajo.

El caso contra los siete policías está a cargo de los fiscales Teresa Zapata y José Contreras.

El director del FBI, Douglas Leff, dijo en un comunicado de prensa que las acusaciones de ayer representan el incumplimiento al juramento que prestaron esos oficiales. Destacó que estos solo representan un porcentaje mínimo de los hombres y mujeres que integran la Policía de Puerto Rico.

Por su parte, la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, expresó que “todos sufrimos” cuando un oficial con una pistola y una placa es igual que los narcotraficantes de la calle. Recordó que por eso es que la fiscalía federal y las agencias de ley y orden están determinadas a erradicar la corrupción.