Los siete policías, acusados por corrupción y que fueron arrestados esta madrugada por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), comparecieron a la vista inicial ante la magistrada Camille Vélez Rivé.

Cuatro de los siete agentes fueron acusados en un solo pliego. Mientras que los restantes uniformados, enfrentan cargos en acusaciones por separado.

En la primera acusación, incluye a Eidderef Jhave Ramos Ortiz, apodado “Baby”, Juan Carlos Ortiz Velázquez, Christian Rodríguez Cruz y Eric Velázquez Martínez.

Ramos Ortiz enfrenta 11 cargos por posesión con la intención de distribuir marihuana mientras portaba su arma de fuego. 

Ortiz Velázquez fue acusado de seis cargos por posesión con la intención de distribuir marihuana mientras portaba su arma de fuego.

Mientras, que Rodríguez Cruz y Velázquez Martínez fueron acusados de un cargo: poseer con la intención de distribuir marihuana portando un arma de fuego.

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a un máximo de cinco años de prisión por   la marihuana y hasta cadena perpetua por el uso del arma de fuego.

La segunda acusación pesa contra José García Hernández, quien enfrenta un cargo por poseer con la intención de distribuir marihuana en el pueblo de Vega Baja. García Hernández también se expone a un máximo de cinco años de cárcel por el cargo relacionado al trasiego de drogas y hasta cadena perpetua por el uso del arma de fuego.

El tercer pliego es contra José De Jesús Rivera, mejor conocido como “El Mudo”. A este se le imputa poseer con la intención de distribuir Tramadol.

Se alega que el 25 de abril de 2016 De Jesús Rivera portaba su arma de reglamento durante la comisión del delito relacionado al narcotráfico. También enfrenta un cargo por poseer con la intención de distribuir Tramadol a mil pies de la escuela Brígida Alvarez Rodríguez en Vega Baja. Este se expone a penas de entre 20 años de cárcel a cadena perpetua.

La cuarta acusación es contra Marcelino Pérez De Jesús, quien enfrenta dos cargos por la venta de un arma de fuego y municiones a un reincidente.

Se alega que para el 5 de julio de 2017 Pérez De Jesús “a sabiendas” le vendió a un convicto una pistola Smith and Wesson, calibre nueve milímetros.

El 20 de julio presuntamente le vendió 50 amuniciones para una pistola Glock, calibre .40.

De Jesús se expone a un máximo de diez años de prisión.

El caso está a cargo de los fiscales Teresa Zapata y José Contreras.

El director del FBI, Douglas Leff dijo en un comunicado de prensa que las acusaciones de hoy representan el incumplimiento al juramento que prestaron esos oficiales. Destacó que estos solo representan un porcentaje mínimo de los hombres y mujeres que integran la Policía de Puerto Rico.

Por su parte, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez expresó que cuando un oficial con una pistola y una placa es igual que los narcotraficantes de la calle, “todos sufrimos” por eso es que la fiscalía federal y nuestras agencias de ley y orden están determinadas a erradicar la corrupción.

Reacciona el Negociado de la Policía

El comisionado interino del Negociado de la Policía, Henry Escalera, condenó "cualquier acto de corrupción o cualquier ejecutoria que sea contraría a los postulados que juramentaron los oficiales al unirse a nuestro Negociado".

"Los actos que no representan lo que es el trabajo responsable y respetable de un oficial del orden público deben ser denunciados y procesados por las autoridades. Las acciones de estos individuos de ninguna manera debe manchar la labor responsable de todos los miembros de la uniformada. El Negociado encamina un proceso de Reforma Sostenible con el fin de erradicar este tipo de conducta y mejorar la gestión policiaca", sentenció en declaraciones escritas.