Un contrato de más de $2 millones otorgados por la administración del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero a la empresa Island Builders fue el eje de los interrogatorios a los primeros dos testigos que presentó la fiscalía federal ayer, en el juicio federal contra el exfuncionario.
El primer testigo del ministerio público, el actual vicealcalde de Guaynabo, Eduardo Faría, quien para 2020 se desempeñaba como abogado en la oficina de Asuntos Legales, relató que mientras preparaba el borrador del contrato para que la compañía realizara mejoras a las carreteras y otros trabajos en el barrio Ríos, se percató de algunas irregularidades.
“Envié un email haciendo unas observaciones sobre lo que se me había asignado. Esas observaciones correspondían a la solicitud propiamente del contrato, particularmente, la falta de cotizaciones y propuestas del contratista. Tampoco tenía documentos suplementarios necesarios como la certificación de radicación de planillas y de deuda del Departamento de Hacienda, certificación de CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), certificaciones de deuda de propiedad mueble e inmueble, el certificado de ‘Good Standing’ del Departamento de Estado”, detalló Faría, a preguntas de la fiscal Myriam Fernández.
Faría dijo que notificó a sus superiores que una carta enviada por el entonces director de la Oficina de Obras Públicas, Wilfredo Martínez Vázquez, indicaba que el costo de los trabajos sería $950,000, mientras la cotización de Island Builders para los trabajos originales era de $871,751.60.
“Los abogados no solo tenemos la responsabilidad de que los contratos se hagan de acuerdo a la ley, sino también de velar por el interés público. Es necesario que validemos la información que se nos suministre”, aseveró Faría cuando se le preguntó qué lo motivó a hacer las observaciones. Faría mencionó que la respuesta de su superior fue relevarlo de la gestión y ordenarle que devolviera el borrador de contrato.
Durante el contrainterrogatorio, el licenciado Eduardo Ferrer Ríos intentó establecer que el actual jefe de Faría, el alcalde Edward O’Neill, es un “enemigo” del acusado a partir de la primaria para la alcaldía de Guaynabo por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2020. No obstante, el ministerio público objetó en varias ocasiones.
Empleado para representar empresa de Santamaría
Mientras, el segundo testigo, el contratista Carlos de Jesús Pagán, declaró que el empresario Oscar Santamaría, quien lo empleó para representar y luego presidir Island Builders, lo llamó para advertirle que alguien del municipio de Guaynabo lo llamaría para pedirle licitaciones para una serie de trabajos en el 2020.
La llamada llegó y De Jesús Pagán se presentó a una reunión en la oficina municipal de Obras Públicas donde no encontró más licitadores, aunque se le indicó que otras empresas serían contratadas. Dijo que tiempo después, el contratista recibió otra llamada en la que se le notificó que se le había otorgado el contrato.
Sobre las tres enmiendas al contrato, dijo que la primera fue efectuada el 25 de noviembre del 2020 por $1,271,751 debido a que requería trabajos adicionales.
El testimonio del contratista continuará hoy a partir de las 9:00 a.m.
Durante la mañana, la jueza Aida M. Delgado tomó varias horas para dilucidar una moción de desestimación presentada por los abogados de Pérez Otero, a quien se le imputan cargos por sobornos, extorsión y comisiones ilegales (kickbacks, en inglés).
Argumentos iniciales
Por su parte, el fiscal Nicholas Cannon aseguró durante el argumento inicial de la Fiscalía federal que el exalcalde se dejó seducir por la codicia y el poder a la hora de ejecutar el esquema de sobornos, extorsión y ‘kickbacks’ junto al empresario Oscar Santamaría, que sumaron $2.3 millones en contratos a Island Builders.
Cannon además anticipó a los integrantes del jurado que a lo largo del juicio verán desfilar la prueba de cómo en una ocasión el exlíder del PNP recibió un pago en efectivo de $5,000 de manos de Santamaría. Dijo que Pérez Otero guardó el dinero en una de las medias que llevaba puesta y se trasladó a su oficina en la alcaldía.
Según el fiscal, el exalcalde y el empresario tenían una relación amistosa de varias décadas que se remontó al tiempo que ambos laboraron en la legislatura. Sin embargo, dijo el fiscal, la amistad trastocó cuando Santamaría optó por apoyar al senador Carmelo Ríos durante la elección especial que se llevó a cabo en 2016 por la alcaldía de Guaynabo tras la renuncia de Héctor O’Neill y en la que Pérez Otero resultó victorioso.
Sostienen que pagos fueron aportaciones a campaña
En cambio, el licenciado Osvaldo Carlo Linares, quien forma parte de la defensa, mencionó durante su turno de apertura que todos los pagos que Santamaría le entregó a Pérez Otero correspondieron a aportaciones a su campaña política, ya que supuestamente el empresario ofreció al acusado pagar todos los gastos incurridos en la contienda electoral.
“Cuando Carmelo perdió la elección, Oscar Santamaría trató de enmendar la relación. Ángel Pérez lo recibió para hablar y Santamaría le ofreció pagar los gastos de la elección y hacer esta contribución política”, narró el licenciado.
Añadió que el empresario le indicó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) que pagó entre $70,000 y $100,000 para la campaña del acusado.
La defensa planteó que los pagos de $5,000 fue el método usual de las contribuciones y que a su cliente no lo están acusando por contribuciones.
“Santamaría le pidió el contrato de manejo de basura y el alcalde dijo que no, ‘así no es que bregamos en Guaynabo’”, abundó la defensa.
