Joseph González

Para González, la seguridad de las fuentes que les suministran información sobre actos delictivos ha sido la más alta prioridad del FBI. >Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO

El reclamo insistente a la cooperación ciudadana y a llamar para reportar ilegalidades ha rendido frutos para el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y las pesquisas activas de alto perfil que llevan a cabo tanto por corrupción pública como por crímenes violentos.

La afirmación provino del propio agente especial a cargo del FBI en la Isla, Joseph González, quien confirmó ayer que todavía están recibiendo información sobre el paradero de Geofley Jomar Pérez, uno de los tres individuos acusados por el secuestro de empleados del restaurante El Hipopótamo y que resultó en la muerte violenta del adolescente Jesús Francisco Pérez.

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“Del caso de El Hipopótamo todavía seguimos recibiendo confidencias y desde la semana pasada hemos visto un incremento en las llamadas sobre querellas de corrupción”, indicó González durante una rueda de prensa llevada a cabo en la sede del FBI en Hato Rey.

Según González, las llamadas que han recibido también corresponden a información relacionada al caso de corrupción por el cual se arrestó el pasado jueves al contratista Mario Villegas Vargas y por el cual se entregó a la Fiscalía federal el hoy exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo.

“Lo que sé, y tuve la discusión esta mañana (ayer) con el supervisor de corrupción, es que hemos visto un aumento en el número de llamadas sobre corrupción, pero no entró en los detalles de qué dice cada una”, sostuvo el jefe local del FBI, al tiempo que afirmó que el volumen de llamadas ha sido “más de lo normal” y para reportar cosas que podrían ser delitos federales.

Tras más de un mes del secuestro en el restaurante El Hipopótamo, la búsqueda de Pérez sigue en curso por agentes del FBI que al presente mantienen en vigor una recompensa de $5,000 a cualquier individuo que provea información que conduzca a su arresto.

No obstante, aunque fuentes de este diario apuntan a que Pérez huyó a la República Dominicana en una embarcación utilizada para la pesca, anoche algunos medios reportaron que la Policía había encontrado su cadáver calcinado en Ciales.

No obstante, al cierre de esta edición la Policía no había confirmado la información difundida.

Contra Pérez pesan denuncias federales por hurto vehicular, secuestro, descargar un arma de fuego y por asesinato.

En cuanto a Villegas Vargas, este fue arrestado por el FBI el pasado jueves en su residencia en Gurabo. Tras una vista inicial ante la magistrada federal Camille Vélez, el contratista se declaró no culpable y salió a la libre comunidad tras pagar una fianza de $15,000 no asegurados.

Según el pliego acusatorio contra Villegas Vargas, el contratista pagó sobornos a Delgado Montalvo a cambio de que este favoreciera su empresa, J.R. Asphalt, para obtener contratos en Cataño. En total, J.R. Asphalt logró acumular unos 50 contratos con el municipio y obtuvo casi $10 millones.

Del caso de Villegas Vargas no se han registrado movimientos adicionales debido a que su caso todavía no se refleja en el sistema electrónico de radicaciones judiciales (ECF, por sus siglas en inglés).

Compromiso de proteger las fuentes

Para González, la seguridad de las fuentes que les suministran información sobre actos delictivos ha sido la más alta prioridad del FBI, pues son parte esencial de los casos que posteriormente llevan a los tribunales para procesamiento criminal. Aunque el agente especial afirmó que cuentan con mucha información no corroborada sobre actos de corrupción, la necesidad que tienen es de poder encontrar evidencia para llevar los casos efectivamente al tribunal.

“Si todo el mundo sabe y llama, por eso estamos haciendo ese llamado porque nosotros podemos tener la información, pero si no hay evidencia no se puede hacer un caso y si tienen esa información lo que estamos pidiendo es que llamen. Vamos a proteger la confidencialidad de todas las personas que cooperan con nosotros”, sentenció González durante la rueda de prensa para anunciar la creación de un grupo de trabajo o “task force” contra la corrupción pública.

“¿Dónde está la evidencia?”

Una de las integrantes de ese grupo de trabajo, la contralora Yesmín Valdivieso, también insistió sobre la importancia de cooperar y la protección que el Estado puede proveer a informantes bajo leyes estatales. Sin embargo, sostuvo que en aquellas ocasiones que los informantes reportan persecuciones y represalias en su contra, fallan en notificarlo a las agencias que prestan información.

“Lo otro es que tienen que decirlo. Nosotros como agencia te vamos a proteger porque tú eres nuestra fuente de información. Aquí el problema es que si hay algún ‘retaliation’ (represalia) en contra tuya y nosotros no nos enteramos, aquí hay leyes federales, leyes de Puerto Rico, el Código Anticorrupción, que protegen a ese informante hasta lo último. Si yo no sé que te mandaron un policía para darte vueltas o que te están molestando, no hay nada que nosotros podamos hacer en el momento que te sientas así”, sostuvo Valdivieso.

“Aquí todo el mundo habla de corrupción, pero ¿dónde está la evidencia? Nosotros no podemos hablar, Fiscalía no puede acusar a menos que nosotros tengamos evidencia porque así es que funciona la cosa. No es lo que yo crea, no es que algo apeste, es tener suficiente evidencia para poder llevar un caso”, añadió la contralora.