Laura Taylor Swain
La jueza Laura Taylor Swain, quien dirige el proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, continuará la vista sobre el plan de ajuste de deuda en el día de hoy. >Archivo/EL VOCERO

La vista sobre la declaración de divulgación que daría paso a la votación para validar el Plan de Ajuste de Deuda (PDA) de la Junta de Control Fiscal (JCF) continuará hoy ante la jueza Laura Taylor Swain con más voces que lo objetan.

Uno de los objetores es el Ejecutivo, que está en contra del recorte a las pensiones de los jubilados del gobierno, mientras que la mayoría en la Legislatura también rechaza que el PDA impacte el bolsillo de los pensionados. Por su parte, la junta fiscal ha afirmado que requerirá reducciones a ese beneficio porque entiende que los pensionados son acreedores no garantizados. 

Entre los asuntos en controversia, está planteado si el PDA requiere la aprobación de la Legislatura para su puesta en vigor y si debe avalar nuevas emisiones de bonos como parte de los acuerdos de renegociación de deuda con los acreedores.

John Rapisardi, abogado de la firma O’Melveny & Myers LLP, que representa a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), expresó que si la Legislatura y la junta fiscal no llegan a un acuerdo sobre una emisión de deuda que se requiera, el acuerdo de reestructuración actual con los tenedores de bonos puede correr el riesgo de desmoronarse.

Rapisardi cuestionó qué tipo de garantía se pudiera emitir sobre futuras emisiones sin que haya legislación. “¿Gozaría una seguridad ordenada por un tribunal de la buena fe y el compromiso del Estado Libre Asociado (ELA)?”, preguntó durante la vista realizada ayer.

A finales de junio la junta fiscal presentó una declaración informativa ante el tribunal del Título III (quiebra) de la ley Promesa para responder a los planteamientos de la Aafaf de que muchos de los aspectos contemplados en el PDA requieren legislación, incluso en relación con la emisión de nuevos bonos.

No obstante, la junta fiscal alegó que el planteamiento es “erróneo” y enfatizó que las disposiciones de la ley Promesa prevalecen sobre cualquier ley de Puerto Rico. 

“La Aafaf presentó a la jueza Swain la posición del gobierno en cuanto a la necesidad de legislación para ejecutar los acuerdos alcanzados por la junta. Como la junta ha insistido en un recorte innecesario a las pensiones, se le dejó saber a la jueza Swain que existe una alta posibilidad de que esa legislación no sea aprobada”, comunicó a EL VOCERO la Aafaf.

Esta dependencia también indicó anoche que “el gobierno espera que la junta recapacite y elimine el recorte injusto e innecesario a las pensiones, para que así podamos movernos adelante en el proceso de confirmación del plan de ajuste y finalizar el proceso de Título III”.

El lunes en la noche la junta fiscal presentó el quinto PDA enmendado para reestructurar aproximadamente $35,000 millones de deuda y otras reclamaciones contra el ELA, la Autoridad de los Edificios Públicos y el sistema de retiro de los empleados públicos.

El plan enmendado, que reduce de manera sustancial la deuda y los pagos del servicio de la deuda del gobierno, refleja los efectos acumulativos de la pandemia de covid-19 en las finanzas y la economía de la Isla, la recesión en curso y los desastres naturales de los últimos años.

Por otra parte, Nancy Negrón López, policía retirada tras 22 años de servicio, pidió en la vista de ayer que no se recorten las pensiones de los empleados públicos.

“Muchos de nosotros, que por más de 20 años hemos servido en Puerto Rico, pagamos nuestro retiro, no es una caridad. Llegamos a un punto en nuestras vidas y como yo —que serví en el Ejército de Estados Unidos— que nos acogemos al retiro, no nos podemos mantener después de haber trabajado una vida. Por lo tanto, tratemos de ver de qué otra forma los inversionistas puedan colectar el dinero, no puede ser de la gente”, afirmó Negrón López, quien compareció ante el tribunal por derecho propio.

Sugirió que los asesores financieros que provocaron la quiebra del sistema de pensiones pierdan sus casas para ayudar a pagar a los jubilados del gobierno.

El Comité Oficial de Acreedores no Asegurados, que agrupa a suplidores del gobierno de Puerto Rico, informó a la jueza Swain que llegó a un acuerdo con la junta fiscal que le permitirá recibir $575 millones y no $125 millones, como se había acordado.

“El comité recomendó que las reclamaciones generales no garantizadas en clases voten para aceptar el quinto plan conjunto modificado del Título III de ajuste del Estado Libre Asociado”, señala la moción contenida en el expediente del caso.