Tribunal Federal

El Tribunal Federal en San Juan. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

Cuatro empleadas de carrera del gobierno de Puerto Rico demandaron al gobernador Pedro Pierluisi en el Tribunal federal por violación a sus derechos constitucionales al requerírsele la vacuna contra el covid-19.

Los demandantes solicitan que el mandato para la vacunación sea declarado inconstitucional y que se declare nulo dicho mandato hasta que la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), proporcione la aprobación completa de la vacuna. 

Los demandantes piden que se declare innecesaria la presentación de una declaración jurada o certificado médico para rechazar la vacunación; que cada agencia pública permita que cada uno de los demandantes trabaje de forma remota; que el gobierno otorgue a cada uno de los demandantes el derecho a una audiencia con garantías mínimas del debido proceso, para determinar si pueden trabajar de forma remota.

De igual forma, solicitan que, en la alternativa, se obligue al gobierno a proporcionar las pruebas de Covid requeridas en cada uno de los lugares de trabajo.

“El gobierno de Puerto Rico está siendo arbitrario y caprichoso al coaccionar y engañar a sus empleados públicos para que se vacunen sin tener en cuenta su derecho fundamental a rechazar la vacuna en forma personal”, señala el recurso legal presentado por el abogado José Dávila Acevedo.

Los demandantes Zulay Rodríguez Vélez, Yohama González, Leila Liborio Carrasquillo y Julissa Piñero alegan violaciones a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que “no se infringirá el derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos estén protegidos contra los registros y las incautaciones irrazonables, y no se expedirán a ese fin órdenes que no se justifiquen por un motivo verosímil, que estén corroboradas por juramento o afirmación, y en las que se describa específicamente el lugar que deba registrarse y las personas o los objetos que han de aprehenderse”.

Asimismo, solicitan una orden de sentencia declaratoria y un interdicto preliminar.

Plantean que la acción legal no es una caprichosa, ni arbitraria.

Afirman que las estadísticas del covid-19 demuestran que el gobierno está “exagerando la severidad de la pandemia”.

Plantean que en Puerto Rico la pandemia no ha puesto en riesgo las operaciones del sistema de salud y que los casos son menores que en Estados Unidos.

Por su parte, la portavoz de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, indicó en declaraciones escritas que "el bienestar común está por encima de cualquier interés particular. El gobernador ha sido puntual en sus Órdenes Ejecutivas estableciendo opciones para aquellos que por razones de salud o creencias religiosas no puedan vacunarse y la alternativa de entregar prueba negativa de Covid semanalmente para quiénes no quieran vacunarse".

"Un caso similar al presentado hoy ya fue desestimado en el Tribunal, y medidas similares a las implementadas por el gobernador en la Isla ya se han ejecutado en otras jurisdicciones por lo que confiamos en que se mantengan las directrices actuales para seguir promoviendo y ampliando la vacunación. Los resultados de la vacunación están probados, la vacuna funciona y es la solución para combatir esta pandemia”, concluyó Acevedo.

Reacciona Pierluisi

¿Cómo responde a la demanda?, se le preguntó al gobernador en una conferencia de prensa en Juncos.  

“Estamos totalmente confiados de que ese caso no tiene méritos. El Departamento de Justicia y sus abogados defenderá la constitucionalidad de la orden ejecutiva que emitimos. Ya hicimos toda la investigación jurídica antes de que esa orden se emitiera. Está claramente justificada desde el punto de vista de nuestra constitución como tanto del punto de vista de la constitución de Estados Unidos", respondió Pierluisi.