Jenniffer González
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, también solicitó ser amigo de la corte en el caso. >Archivo/EL VOCERO

El gobernador Pedro Pierluisi junto al Partido Nuevo Progresista (PNP), la comisionada residente Jenniffer González, el Senado así como los programas Medicaid y Medicare Advantage, entre otras entidades, solicitaron ayer al Tribunal Supremo de Estados Unidos figurar como amigos de la corte en el caso sobre el Seguro Social Suplementario (SSI).

Todos solicitan que se confirme al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, foro que avaló la determinación del juez del distrito de Puerto Rico Gustavo Gelpí, de que Luis Vaello Madero, exresidente de Nueva York y radicado en Loíza no tiene que devolver $28 mil al programa del SSI por mudarse a la Isla donde no existe el beneficio.

El planteamiento del PNP es que la discriminación en el SSI violenta la Constitución de Estados Unidos al quebrantar el derecho fundamental de viajar libremente y escoger su lugar de residencia sin ser penalizados.

“Aquí estamos argumentando que los puertorriqueños como parte de su derecho fundamental de ´Right to Travel’, tienen derecho a escoger dónde vivir y el hecho de vivir en Puerto Rico no puede ser una penalidad para estos beneficios y obviamente, eso se cataloga como un acto discriminatorio”, apuntó Carlos Sagardía, quien junto a los abogados Alejandro Figueroa, Ramón Rosario y Lisa Blatt, esta última del bufete Williams & Connolly, LLP representan al PNP.

Sagardía expuso que los casos que tienen que ver con el derecho del ´Right to Travel´ no excluyen a los puertorriqueños de su aplicabilidad.

“La abogada con la que comparecemos, Lisa Blatt, es la abogada que más casos ha ganado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos como mujer, ha argumentado sobre 40 casos, fue oficial jurídico de la juez Ruth Bader Ginsburg”, comentó Sagardía.

Mientras, González, representada por la abogada Verónica Ferraiuoli, sometió su alegato en el que explica cómo el estatus territorial es la barrera para que los residentes de la Isla tengan un trato igualitario y abunda sobre la necesidad de esa ayuda y lo que representaría para salir de la pobreza y poder subsistir para los posibles beneficiarios.

Afirma que la implantación del SSI en Puerto Rico representaría un aumento de más de 50 veces la ayuda a los residentes en la Isla, que no tienen capacidad para mantenerse a sí mismos.

Destaca que según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), si Puerto Rico hubiera sido un estado en 2011, los pagos del SSI para ese año hubieran sido de $1,500 millones a $1,800 millones. Los pagos de asistencia promedio aumentarían a $422 por mes.

Por su parte, el Senado, representado por el abogado Edwin Quiñones del bufete Quiñones, Arbona & Candelario, plantea que contrario a lo que sufren los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico, los residentes de las Islas Marianas del Norte, reciben beneficios del SSI.

“El Congreso discrimina a los ciudadanos residentes en Puerto Rico por excluirlos del programa del SSI, basado en la raza y/o el origen nacional”, expusieron. “Los argumentos del peticionario (Departamento de Justicia federal) carecen de fundamento”.

Además, plantean que al argumentar la base racional del Congreso para excluir a la Isla de los beneficios del SSI, Justicia federal describe su relación con Puerto Rico bajo una luz muy diferente de lo que es.

“Al argumentar que el Congreso y Puerto Rico llegaron a un tratado que convirtió el territorio en un ELA, el peticionario descuida las décadas de disparidad que ha sufrido la Isla. Por casi un siglo y dos décadas, los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico han estado sujeto a disparidad y discriminación. Por las razones expuestas, el Senado de Puerto Rico entiende que esta corte tiene la oportunidad de rectificar los errores de los casos insulares y comenzar a llevar justicia e igualdad a los millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico”, reza el recurso legal del Senado.

Por su parte, Medicaid y Medicare Advantage, representada por el exsenador Roberto Prats y el abogado José Alfredo Hernández Mayoral, también apuntaron hacia el derecho que tienen los ciudadanos estadounidenses de elegir dónde quieren residir.

“Un individuo como el demandado que elige ejercer su derecho a mudarse a Puerto Rico lo hace al precio de sus beneficios federales de SSI. Por el contrario, los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico son castigados por el ejercicio de su derecho fundamental a elegir vivir en Puerto Rico en lugar de Estados Unidos continentales porque esa elección requiere que renuncien a los beneficios de SSI”, mantiene el documento.

Apunta que las clasificaciones restringen el derecho a viajar e infringen la Cláusula de Igualdad de Protección, el Debido Proceso y la Cláusula de Ciudadanía. 

De otra parte, ayer también presentaron sus argumentos ante el máximo foro judicial de Estados Unidos la Universidad de Puerto Rico; Diálogo for Puerto Rico y el Public Benefits Scholars.

Desde que el Departamento de Justicia federal recurrió ante el Tribunal Supremo el 4 de septiembre de 2020, un total de 24 entidades e individuos han presentado su petición para figurar como amigo de la corte en este caso.

Entre estos el exalcalde de Isabela, Charlie Delgado, la Asociación de Abogados Federales de las Islas Vírgenes y AARP Medicare Supplements Plans.