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La prohibición de las peleas de gallos forma parte de la Ley Agrícola (Farm Bill) de 2018. >Archivo/EL VOCERO

La solicitud de la administración del presidente Joe Biden al Tribunal Supremo federal para que no atienda el certiorari (revisión) que procura que se levante la prohibición a las peleas de gallos no es diferente a la que hicieron sus antecesores Barack Obama y Donald Trump, opinó Félix Román Carrasquillo, uno de los abogados del Club Gallístico de Puerto Rico.

“La petición de Biden no es otra cosa que la petición de Obama y la petición de Trump en los casos anteriores. Revisitan lo mismo, que el Congreso puede (prohibir esa actividad). Sabemos que el Congreso puede, que tiene los poderes plenarios para tomar las decisiones… no es nada nuevo lo de Biden, son las mismas alegaciones”, afirmó Román Carrasquillo a EL VOCERO.

La pasada semana el Departamento de Justicia federal solicitó al Supremo estadounidense que no atienda el recurso de certiorari sometido por los defensores de las peleas de gallos en la Isla.

Román Carrasquillo reconoció que el Congreso puede legislar bajo la Cláusula de Comercio, pero que no puede hacerlo sin una razón válida.

“Aquí si ellos hubiesen hecho un poquito más allá y daban vistas (públicas), pero cayó en oídos sordos lo que se presentó y si hubiesen dado un debido proceso quizás nosotros hubiésemos tenido las oportunidades que tuvimos argumentando el caso en el tribunal (de distrito). Fíjese que el juez (Gustavo) Gelpí reconoce nuestras alegaciones. El juez dice ‘lamentablemente no soy el Congreso’. Tienen que ir a la legislación, no donde mí”, expuso el letrado.

Recordó que el certiorari es discrecional, por lo que el Supremo federal puede negarse a atender el recurso legal. Comentó que la pasada semana discutió el asunto con sus clientes.

“Lo que hay es que esperar, hemos escuchado en Washington que se está tratando de cabildear, a ver si se trae a la mesa. Lo veo difícil porque colaron la ley dentro del Farm Bill”, acotó Román Carrasquillo.

El procurador general de Puerto Rico presentó un escrito como amigo de la corte en el que busca demostrar que, si bien el Congreso tiene el poder plenario sobre los territorios, el mismo está limitado por la cláusula del comercio interestatal y no tiene el poder para regular industrias puramente locales, como lo son las peleas de gallos.

En ese sentido, el gobierno de Puerto Rico plantea que se violó la referida cláusula y que el Congreso actuó de forma discriminatoria bajo la Cláusula Territorial.

La prohibición de las peleas de gallos, que forma parte de la Ley Agrícola (Farm Bill) de 2018, está respaldada por la autoridad que le otorga la Constitución de Estados Unidos al Congreso federal para que regule sobre el comercio interestatal, según el escrito presentado por Justicia federal.

Los demandantes quieren que el Supremo estadounidense revise una decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston que confirmó la orden del juez Gelpí de que el Congreso tiene el poder para regular el asunto.

Mientras, Justicia federal sostiene que las peleas atraen a animales y espectadores del exterior de Puerto Rico y se promocionan en los medios de comunicación -los cuales traspasan las fronteras- e implican apuestas, todas ellas actividades económicas reguladas por la Cláusula de Comercio.