Stephen Muldrow, fiscal federal en Puerto Rico

Stephen Muldrow, fiscal federal en Puerto Rico, explicó la acusación de un gran jurado contra la exgobernadora Vázquez. A la derecha, Joseph González, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI, en San Juan, y a la derecha, y el jefe de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Corey Amundson.

El pliego acusatorio contra Wanda Vázquez ofrece un recuento detallado de cómo la exgobernadora sucesoral siguió al pie de la letra las instrucciones de un banquero y despidió al entonces director de la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF) a cambio de $300,000 para su campaña primarista a la gobernación, en la papeleta del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El documento de 42 páginas tiene instancias específicas en las que la exgobernadora —o John Blakeman como su representante— se reunieron con los funcionarios y representantes del banco para discutir la salida de George Joyner como comisionado de la OCIF, a cambio de nombrar una persona afín con los donantes.

¿Consideras que la exgobernadora Wanda Vázquez es inocente de los cargos de corrupción que se le imputan?

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Según se informó, contra la exgobernadora pesan tres cargos federales por conspiración, soborno y fraude electrónico, luego de que fuera arrestada en su residencia en la madrugada de ayer por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). A la exmandataria se le impuso una fianza de $50,000, no asegurada, y salió luego de presentarse ante el oficial probatorio y firmar los documentos requeridos.

Junto a ella fueron acusados el venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI, Mark Rossini, quien operaba una firma de consultoría. Ambos están en Europa, informaron ayer las autoridades federales.

El esquema imputado a la exgobernadora se extiende desde 2019 hasta 2021. Se indicó que Herrera Velutini operaba en la Isla la entidad Bancrédito International Bank, que estaba bajo investigación de la OCIF. De acuerdo con el pliego, la pesquisa se centraba en el hecho de que el banco no estaba llenando los informes de transacciones sospechosas (SAR, en inglés). Se asegura que Herrera Velutini insistía en que la entonces gobernadora destituyera al director de la OCIF y, en su lugar, nombrara a una persona que no continuara la investigación contra el banco.

Joyner renunció al cargo en febrero de 2020 y tres meses más tarde la gobernadora nombró a Víctor Rodríguez Bonilla, quien había trabajado como consultor de Bancrédito y cuyo resumé fue gestionado por el propio Herrera Velutini. Ayer Joyner no estuvo disponible para contestar preguntas de este medio.

El primer cargo de conspiración contra Vázquez detalla las múltiples reuniones y mensajes de texto entre los acusados —así como Blakeman, quien se declaró culpable de conspiración de soborno con fondos federales— para finiquitar la salida del director de la OCIF, la entrada del nuevo comisionado y las aportaciones a la campaña primarista de la aspirante.

Se indicó que hubo reuniones en La Fortaleza, en el Distrito de Convenciones y en hoteles. El pliego detalla, también, que en febrero de 2020 hubo una reunión en la Mansión Ejecutiva para discutir el financiamiento de la campaña de Vázquez a cambio de que sacara a Joyner del cargo. Además de los donativos directos a su campaña, el pliego detalla cómo Rossini contrató una empresa para realizar una encuesta sobre la primaria y entregarla directamente a la campaña de Vázquez.

Se aseguró que esto ocurría mientras el equipo de la entonces gobernadora se mantenía en contacto con el banquero para dejarle saber que ya le habían pedido la renuncia a Joyner y que sería efectiva el 28 de febrero de 2020. Incluso, les enviaron una foto de la carta de renuncia, antes de una reunión en la que se discutirían asuntos del financiamiento de la campaña, incluyendo la creación de un ‘superpac’ (Comité de Acción Política, en inglés).

El pliego acusatorio establece que Herrera Velutini incluso le dijo a Rossini que no quería “un mono de Puerto Rico” como director del superpac, a lo que este contestó que buscarían un candidato que les respondiera a ellos y que fuera de la capital federal.

Luego de conocerse ayer el arresto de la también exsecretaria de Justicia, el jefe de la Fiscalía Federal en la Isla, Stephen Muldrow, ofreció una conferencia de prensa y fue categórico al indicar que la gobernadora conocía el esquema que se le imputa y que —de probarse cierto— tendrá una pena máxima de 20 años de cárcel.

“Cuando tengan la oportunidad de leer la acusación en detalle, va a ser bien claro que estaba actuando completamente con conocimiento de lo que estaba pasando. Por eso está acusada”, sentenció Muldrow.

Se le preguntó a Muldrow por qué no se permitió que la exfuncionaria se entregara voluntariamente, en vez de arrestarla en su residencia.

“Yo no puedo comentar lo que pasó antes de que yo fuera el jefe de esta oficina. Pero, la práctica es que si una persona cometió un delito y si la Corte emite una orden de arresto, los agentes van a la casa y arrestan. Mencionaron un caso en que una persona estaba cooperando, eso es un proceso completamente diferente porque no hay una orden de arresto, sino que esa persona viene y decide cooperar con un acuerdo firmado”, detalló.

“Cuando tratan de crear la impresión que estamos tratando a esa persona diferente, no es correcto. Cuando hay una orden de arresto, los agentes van a la casa y arrestan a la persona con profesionalismo y en una forma normal. Nadie está por encima de la ley”, aseveró Muldrow.

Desliga al gobernador Pierluisi

En al menos cuatro ocasiones, Muldrow dio a entender que la acusación presentada contra Vázquez ayer, no incluye al gobernador Pedro Pierluisi. Aunque el gobernador aparece en el pliego acusatorio, una de las primeras frases esbozadas por Muldrow indicó que “esta acusación no envuelve o alega actos ilícitos por parte del gobernador actual”.

“La acusación dice que Herrera Velutini pensó que iba a recibir beneficio a cambio de aportar dinero a la campaña del gobernador. Los actos relacionados a este esquema de soborno fueron parte de la operación encubierta que el FBI supervisó entre abril y agosto de 2021”, detalló.

“El testigo no era un intermediario del gobernador, pero representó como si lo fuera para propósitos de la investigación. El párrafo 140 dice que el testigo estaba operando bajo la dirección del FBI y se reunió e hizo declaraciones a Blakeman para adelantar la investigación encubierta. El testigo no estaba sirviendo como intermediario ni actuando a nombre del (gobernador)”, puntualizó.

En agosto, sostuvo Muldrow, Herrera Velutini envió $25,000 a un pac de Pierluisi “con el entendimiento de que el funcionario ordenaría terminar la auditoría que la OCIF estaba realizando”.

Caso complicado

El exfiscal federal Osvaldo Carlo resaltó que el pliego acusatorio no es exactamente lo que hace meses los abogados de Vázquez habían detallado cuando adelantaron que la exgobernadora sería arrestada por las autoridades federales. En este entonces, el caso se presentó como uno “técnico”.

“El caso perdió la tónica de lo que conocíamos porque lo que se hablaba era del financiamiento de una encuesta que se le hizo llegar a ella y que —a cambio de esa encuesta— se le hicieron unos favores a un banquero. Cuando vemos el pliego, trae unos elementos que no se conocían, como el pago de $300,000 que alega la Fiscalía federal que se hizo con el propósito de despedir al comisionado de la OCIF”, relató Carlo.

Sobre las posibilidades que tiene la mandataria de salir airosa, declaró que todo va a depender de la evidencia que tenga la Fiscalía.

“Esa pregunta no la puedes contestar solo con el pliego acusatorio porque el pliego es un documento en el que el gobierno hace unas alegaciones. Los abogados tienen que ver la prueba. Hasta que no llegue ese momento, ni los propios abogados están en condición de decir si existen los elementos para probar el caso”, subrayó.

En tanto, el abogado Carlos Sagardía, quien tiene práctica en el foro federal, catalogó el caso de “complejo”.

“No es un caso común porque es un soborno que no es el típico de dame un sobre de dinero y yo voy y te doy un permiso y bórrame las multas. Es un caso donde se alega que hubo unos mecanismos creados para contener unos dineros, no necesariamente para su bolsillo”, afirmó. “La defensa va a tener que enfrentar unos elementos complejos. Es un caso sumamente difícil”, acotó.

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