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William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU en la Isla, informó de la supuesta violación de derechos civiles y de la reforma de la Policía. >Archivo/EL VOCERO

La supuesta violación de derechos civiles y de la reforma de la Policía durante las manifestaciones por una construcción en el complejo residencial Sol y Playa en Rincón fue denunciada por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal durante una reunión virtual, informó el director ejecutivo de la entidad en la Isla, William Ramírez.

La ACLU le había enviado una misiva a la referida división de Justicia federal sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Uniformada durante las manifestaciones. Asimismo, se había invitado al personal de la agencia federal a acudir al área. Sin embargo, esto no ocurrió luego de que la Junta de Planificación emitiera una orden de cese y desista sobre la construcción.

Ramírez explicó que en la reunión participó el fiscal Luis Saucedo, asignado al caso de la reforma de la Policía; el abogado de la ACLU, Fermín Arraiza; la directora de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez y varios observadores que estuvieron durante las protestas.

“Se relató lo que pasó allí. La conducta de la Policía es una de intimidar a las personas que están ejerciendo un derecho constitucional. Ellos tomaron nota, escucharon. En algún momento se supone que se hayan reunido con la Policía, pero a mí no me consta porque nosotros no somos invitados a esas reuniones”, indicó Ramírez.

Precisó que se le comunicó a Justicia federal la gran cantidad de efectivos en el área para un grupo de manifestantes y las agresiones a una menor y a una joven.

“Se le informó del incidente en que había una joven que estaba sentada en la parte pública de la playa y como no se paró, porque tenía derecho de estar allí, la tomaron por el pelo y la arrastraron. Eso ciertamente es un delito. También agredieron a una menor de edad a pesar de que se le dijo a la Policía que era menor de edad”, acotó.

De igual forma, se les comunicó que los agentes bloquearon el acceso público a la playa para impedir la presencia de los manifestantes. “Si tú le bloqueas el acceso a las personas que van a protestar eso constituye una violación a la Primera Enmienda (de la Constitución federal)”, observó Ramírez.

A su vez, les informaron a los fiscales sobre la presencia de guardias privados sin identificación, portando armas de fuego y con los rostros tapados.

Ramírez recordó que uno de ellos agredió a un manifestante. “Se trajo eso a colación porque parte de la doctrina constitucional es que aunque un guardia sea privado, si lo hace con el aval de la Policía de Puerto Rico, eso constituiría el poder de razón del Estado. Y cuando se convierte en un ‘‘deputy’, aunque no sea un oficial del Estado, se convierte en parte de la fuerza policial y en ese sentido si la Policía permite que esos guardias privados actúen como policías, porten armas y no rindan cuentas, entonces el Estado puede responder por cualquier incidente que constituya violaciones a los derechos de los ciudadanos o en una muerte o agresión y la Policía podría ser demandada bajo la doctrina del ‘state action’, porque el guardia privado actúa con el aval de la Policía”, expuso el líder de la ACLU.

Destacó que esta acción viola la reforma de la Policía y aunque la Uniformada alegue que no fueron sus agentes, lo permitieron.

“Aunque ellos (División de Derechos Civiles) llegaron cuando no estaba ya ocurriendo nada en Rincón, la idea es que si esto se inicia nuevamente, no se llegue al punto de que se agredan personas”, afirmó.

EL VOCERO solicitó una reacción de la Uniformada, pero al cierre de esta edición no se había producido la misma.