Peleas de gallos

Una imagen de archivo de una pelea de gallos en el Club Gallístico de San Juan. (EL VOCERO)

En un escrito presentado esta semana por el Departamento de Justicia federal, la Administración Biden solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que no atienda el recurso de certiorari presentado por los defensores de las peleas de gallo en Puerto Rico. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior. 

En el escrito, el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) alegó que el caso -que es respaldado por el gobierno de la Isla- no implica argumentos legales serios que requieran que el mismo sea revisado por el máximo tribunal. 

“Los peticionarios [por los demandantes] renuevan su argumento de que la prohibición federal de las peleas de gallos excede los poderes enumerados del Congreso. Este argumento carece de mérito y no justifica la revisión de este Tribunal. El tribunal de apelación correctamente sostuvo que la prohibición está dentro de las facultades del Congreso en virtud de la Cláusula de Comercio, y su decisión no entra en conflicto con ninguna decisión de este Tribunal o de cualquier otro tribunal de apelación. La sentencia inferior también es correcta porque la prohibición está comprendida en el poder del Congreso bajo la Cláusula Territorial. La petición de una orden de certiorari debe ser denegada”, dice la presentación.

Peleas de gallos

Una imagen d 2019 del Club Gallístico de San Juan. (EL VOCERO)

La prohibición de las peleas de gallos, que forma parte de la Ley Agrícola de 2018, está respaldada por la autoridad que le otorga la Constitución de Estados Unidos al Congreso federal para que regule sobre el comercio interestatal, según el escrito presentado por el DOJ.

Así, el Congreso de Estados Unidos tiene todo el derecho a prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico, y otros territorios, argumentó este miércoles el gobierno federal al pedir a la Corte Suprema que no escuche el recurso de inconstitucionalidad presentado por los aficionados a las peleas, encabezados por Ángel Manuel Ortiz-Díaz.

Los demandantes quieren que la Corte Suprema revise una decisión de un tribunal de apelaciones que reafirmó el poder que tiene el Congreso para regular sobre el tema y que es lo que habilita el camino para que las peleas de gallos en la Isla se prohiban.

Según alegan los demandantes, las autoridades federales no puede utilizar la llamada Cláusula de Comercio -avalada por la Constitución de Estados Unidos- en este caso porque sólo se refiere a la actividad económica interestatal, pero el DOJ argumentó en su escrito de hace dos días que las peleas de gallos tienen un “efecto sustancial en el comercio” como para invocar esta cláusula y los poderes del Congreso. 

El DOJ sostuvo que las peleas atraen a animales y espectadores de fuera de Puerto Rico, se promocionan en los medios de comunicación que traspasan las fronteras e implican apuestas, todas ellas actividades económicas. 

Peleas de gallos

Una imagen de archivo de una pelea de gallos en el Club Gallístico de San Juan. (EL VOCERO)

En respuesta a que había decisiones anteriores de la Corte Suprema que impiden al Congreso aplicar la Cláusula de Comercio a las peleas de animales, el DOJ no estuvo de acuerdo y dijo que en dos casos anteriores reglados por el máximo tribunal no había un componente económico como sí lo hay en las peleas de gallos. 

En un caso de 1995, la Corte Suprema había dicho que el Congreso no podía utilizar la cláusula de comercio para promulgar una prohibición general de posesión de armas en zonas escolares. Y en una decisión del año 2000, sostuvo que los legisladores no podían ofrecer un recurso civil federal a las víctimas de la violencia de género en virtud de esa cláusula.

"En cualquier caso, es indiferente que el Congreso invoque la Cláusula de Comercio o la Cláusula Territorial. 'La cuestión de la constitucionalidad de la acción tomada por el Congreso no depende de los considerandos del poder que se compromete a ejercer'", dijo el DOJ, citando un trío de decisiones de la Corte Suprema de entre 1948 y 2012.

Puerto Rico había prohibido las peleas de gallos en 1898, pero comenzó a permitirlas de nuevo bajo supervisión a partir de 1933. Décadas más tarde, en 1976, la Ley de Bienestar Animal prohibió todas las "aventuras de peleas de animales" excepto entre aves en los estados que permitían la práctica, con lo que en Puerto Rico se mantuvieron. 

Pelas de gallos

Un gallo fulmina a otro en una pelea en el Club Gallístico de San Juan en una imagen de archivo. (EL VOCERO)

“Los Estados y el Distrito de Columbia habían prohibido para 2007 [las peleas de gallo], dejando a Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos como las únicas jurisdicciones afectadas por la prohibición federal”, recordó el DOJ en su presentación. 

Más de una década después, el Congreso federal las prohibió en 2018 a través de la "Extensión de la prohibición de las peleas de animales en los territorios". 

“Como resultado, la ley federal ahora prohíbe patrocinar o exhibir un animal en una pelea de animales, sin excepción a las peleas de aves permitidas por la legislación estatal o territorial”, agregó el DOJ.

Peleas de gallos

Una imagen de archivo de una pelea de gallos en el Club Gallístico de San Juan. (EL VOCERO) 

En mayo y agosto de 2019, una asociación y clubes de peleas en Puerto Rico presentaron demandas separadas -que luego se unificaron- rechazando la autoridad del Congreso federal para regular las peleas en la Isla, planteando cuestiones constitucionales en torno los límites del poder del Congreso, entre otras.

Pero a finales de año, un juez del Distrito de Puerto Rico consideró que los legisladores federales estaban en su derecho de limitar las peleas a través de la Cláusula de Comercio. El Primer Circuito confirmó la sentencia en enero de 2021, lo que llevó a los demandantes ante la Corte Suprema el 11 de junio pasado con el recurso de certiorari.

Ahora, el Procurador General en funciones Brian Fletcher, junto a Brian Boynton, Abby Wright y John Koppel de la División Civil del Departamento de Justicia dijeron a ese tribunal: “La prohibición de las peleas de animales se aplica tanto en los estados como en los territorios”, y pidieron que se desestime el recurso a favor de los galleros. 

EL VOCERO contactó a abogados de los demandantes pero de momento no ha habido respuesta.